Las administraciones públicas, tanto las locales y autonómicas como el Gobierno, suelen aprovechar cualquier inauguración o acto de colocación de la primera piedra de una plataforma logística, así como las reuniones con el sector, para recordar la posición prioritaria del sector logístico en su agenda por su carácter estratégico para la economía.
En demasiadas ocasiones, tal vez por la demagogia que suele acompañar al discurso político, unos se felicitan por el trabajo realizado, otros lo critican y, generalmente, todos acaban recriminándose algo y reclamando cualquier cuestión a la otra parte, habitualmente con respecto al proyecto de turno.
Pero más allá de las palabras, es cierto que las actuaciones de las administraciones públicas son clave para atraer a un cierto territorio a una determinada compañía u operador. Conscientes de la capacidad del sector logístico para generar empleo y riqueza en el área donde opera, la estrategia de todas las administraciones pasa por facilitar en la mayor medida posible la llegada de estas empresas.
[sumario]El papel que juegan las administraciones públicas, es clave para atraer a un cierto territorio a una determinada compañía u operador.[/sumario]
La creación de empresas públicas o de capital público/privado, especializadas en la venta y gestión de los activos de la administración, ha sido una de las opciones habituales durante los últimos años para facilitar la explotación de las plataformas logísticas, aunque algunas comunidades han dado marcha atrás en este ámbito.
La Comunidad de Madrid ordenó, el pasado mes de mayo, extinguir la empresa Nuevo Arpegio, y los activos de esta pasarán ahora a la Dirección General de Suelo. Por el contrario, Aragónha reafirmado recientemente su apuesta por PlaZa, la empresa pública que gestiona la Plataforma Logística de Zaragoza, asumiendo la totalidad de la deuda de la empresa.
Mientras tanto, en Cataluña, empresas pseudopúblicas como Cilsa, gestora de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Barcelona, facilitan también una gestión especializada de los activos logísticos.
Proactividad o inacción en los ayuntamientos
Al igual que la proactividad favorece la implantación de nuevas empresas, la inacción también puede ponerla en peligro. En el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat tardaron muy poco tiempo en modificar el Plan General Metropolitano del municipio barcelonés para permitir a Amazon construir en Cataluña su segunda plataforma logística española, puesto que la Normativa impedía al gigante del e-commerce alcanzar los 19 metros en el nuevo edificio.
Mientras tanto, a pocos kilómetros de El Prat, en el municipio de Ripollet, la cadena de supermercados Lidl aún espera la aprobación del Ayuntamiento que le permita ampliar la plataforma logística que allí ubica.
Plataforma logística del suroeste europeo
Del mismo modo, no termina de llegar el visto bueno oficial del Ayuntamiento de Valencia que posibilite comenzar a desarrollar una Zona de Actividades Logísticas en su puerto. El posicionamiento de la administración valenciana contrasta con la sevillana, para la que el desarrollo de la Zona Franca en el puerto de la ciudad, que contará con 72 hectáreas de nuevo suelo industrial y logístico, ha sido siempre una cuestión primordial.
Se vende suelo
Es evidente que algunas comunidades autónomas pueden tener más facilidades que otras para encontrar empresas logísticas que ocupen sus activos vacíos y desarrollen nuevas promociones en sus territorios.
Este es el caso, por ejemplo, de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, por su proximidad a los principales núcleos económicos del país y su ubicación estratégica para distribuir las mercancías al resto de España, en lo que respecta a Madrid, y para exportar o importar a través de Cataluña y la Comunidad Valenciana, por sus grandes puertos y su posición en el Corredor Mediterráneo.
Del mismo modo, Aragón y Castilla-La Mancha, gracias a Guadalajara, también parecen encontrar menos trabas que otras regiones por ubicación y superficie disponible.
En aquellas comunidades que no destacan en el terreno de las anteriores, las administraciones están poniendo en marcha toda una serie de actuaciones que faciliten la llegada de empresas, tanto a nivel autonómico como local. En Galicia, Xestur, la empresa pública que gestiona buena parte del suelo industrial y logístico de la Comunidad Autónoma, lleva a cabo actualmente una estrategia comercial por la que está rebajando hasta en un 50% las parcelas de algunas plataformas.
[sumario]Si bien la proactividad de la Administración favorece la implantación de nuevas empresas, la inacción también puede ponerla en peligro.[/sumario]
Al otro lado de España, en Sevilla, el ayuntamiento del municipio de Carmona y la Consejería de Fomento y Vivienda de Andalucía han reactivado recientemente la venta de parcelas logísticas en el Parque Logístico de Carmona.
En Andalucía se ha declarado de interés autonómico tanto el área logística de Motril como el proyecto de actuación del Área Logística de Almería, en el sector de Níjar. Además, desde la Junta también se impulsa la construcción del Puerto Seco de Antequera, en Málaga.
Mientras tanto, en Murcia, las administraciones aspiran al desarrollo de dos zonas de actividades logísticas muy próximas: en Murcia y en Cartagena, si bien sus impulsores aseguran que estas dos áreas no se solaparán.
La situación que se vive en Murcia parece similar a la de Extremadura, donde hay actualmente tres proyectos sobre la mesa: el Centro Logístico de San Lázaro, la Plataforma Logística de Badajoz y del parque industrial de Expacio Navalmoral. Del mismo modo, en el País Vasco se desarrollan actualmente terminales ferroviarias en Pancorbo y Arasur, ya que la apuesta logística de la administración vasca suele ir de la mano de las iniciativas del puerto de Bilbao.
Para luchar contra la descoordinación, Castilla y León ha creado la red CyLog, que define la estrategia de la Comunidad Autónoma en materia de Logística, y que integra una Red de infraestructuras públicas de altas prestaciones que ofrece servicios logísticos a las empresas de Castilla y León.
