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El mantenimiento del empleo de todos los estibadores es el requisito indispensable que establecen los sindicatos para empezar a negociar.

El primer semestre de 2017 ha marcado un antes y un después en el sector portuario español. El Gobierno ha aprobado la reforma de la estiba, para júbilo de algunos y desazón de otros. Es evidente que el cambio en el sistema portuario no será cosa de dos días y el proceso se presenta complicado, con muchos flecos que empresas y sindicatos tendrán que negociar y pulir para que la paz social, actualmente en jaque, reine en los puertos españoles.

En cualquier caso, el pasado jueves 18 de mayo, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno al Real Decreto-ley 8/2017 por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando así cumplimiento, 869 días después, a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 11 de diciembre de 2014.

Ahora, los estibadores de todos los puertos españoles están llamados a la huelga esta segunda semana de junio, en la que se celebra en Barcelona el Salón Internacional de Logística, para dejar de operar en las horas impares de los días 5, 7 y 9. El cómo se ha llegado a esta situación es clave para entender el devenir de los puertos en los próximos meses.

Los costes laborales son la principal amenaza para la competitividad de los puertos españoles.

Las modificaciones introducidas en el Real Decreto-ley convalidado por los diputados con respecto al que derogaron a mediados de marzo deja el mantenimiento del empleo, así como otros puntos bastantes conflictivos, encima de la mesa de negociación de sindicatos y empresas, en la que Coordinadora, en representación de los trabajadores, y la patronal Anesco, por la parte empresarial, llevan la voz cantante.

Con la posibilidad de establecer convenios colectivos por puerto y la incorporación de la propuesta de mediación de Marcos Peña en la forma de un Real Decreto que aún debe ser aprobado para regular el de la reforma, el Gobierno considera hecha su parte y deja a empresas y sindicatos en su batalla particular. Teniendo en cuenta lo sucedido en la reunión de las partes del 1 de junio, en las que se han roto las negociaciones, parece difícil que puedan llegar pronto a un acuerdo.

El mantenimiento del empleo, clave

El mantenimiento del empleo de todos los estibadores es el requisito indispensable que establecen los sindicatos para empezar a negociar, ofreciendo como contrapartida una reducción en los salarios y “otras medidas de flexibilización” que mejoren la competitividad de los puertos. Tras la reunión del jueves, desde Anesco aseguraron que la subrogación planteada por la parte sindical amplía el ámbito de la garantía en el empleo a todos los trabajadores presentes y futuros y el ámbito temporal a perpetuidad, “más allá de lo tratado anteriormente”, indicaron desde la patronal.

tráfico ro-ro de bobinas de papel en el puerto de Ferrol

El mantenimiento del empleo de todos los estibadores es el requisito indispensable que establecen los sindicatos para empezar a negociar.

Una de las principales cuestiones que podrían obstaculizar aún más el proceso sería que sindicatos y empresas establecieran como base el acuerdo que alcanzaron durante las reuniones de la comisión tripartita, sencillamente, porque este pacto nacía muerto: la pretensión de que el Estado asumiese con fondos públicos la diferencia del distinto coste laboral que supondrán los estibadores subrogados respecto a nuevas contrataciones fue considerada por Fomento, desde el minuto uno, contraria al “sentido común”.

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, resumía la idea del Gobierno sobre este punto en su última comparencia en el Congreso de los Diputados: Dos no pueden llegar a un acuerdo en el que pague un tercero”, sentenció.

Flecos a pulir

Si bien la subrogación de todos los estibadores es la cuestión más importante, supone sólo uno de los muchos flecos que aún se deben pulir en torno al Real Decreto aprobado por el Gobierno.

Los estibadores consideran que aún se debe profundizar en aspectos como las obligaciones respecto al posible nuevo acuerdo marco de todas aquellas empresas estibadoras que no pertenezcan a Anesco o aquellas que se pudieran implantar en cualquier puerto a partir de la firma de dicho acuerdo, así como la convivencia entre los diferentes marcos convencionales (estatal, de puerto y de empresa) y prioridades aplicativas de unos sobre otros.

Del mismo modo, entienden que han de resolverse una serie de complicaciones derivadas de las transformaciones de las SAGEPs en CPEs y, por ende, su regulación sobre la ley de las ETTs. En concreto, según indican desde los sindicatos, pueden producirse interferenciasentre los marcos convencionales de estiba y las empresas de trabajo temporal, por lo que deben aclararse la colusión y prevalencia legal de unos sobre otros.

El Plan de Inversión de Accesibilidad Portuaria 2017-2021, prevé una inversión directa en los puertos de 514 millones y de 904 para actuaciones fuera de los mismos, con 34 actuaciones en ferrocarril y 13 en accesos viarios.

El estatus legal de los estibadores actuales que deban pasar a los CPEs con respecto a asuntos relativos a días de inactividad, convenio de aplicación y régimen de cotización en esos días, etc., es otra de las cuestiones que preocupan.

En lo que respecta a los futuros estibadores, aún deben aclararse múltiples aspectos relacionados con la formación: definición; quién la imparte; quién facilita los certificados y la incorporación a las prácticas en los puertos.

Todos estos puntos han de tratarse con una división latente en el seno de Anesco, que trascendió a la opinión pública cuando convocó una asamblea extraordinaria sin otro fin que el de debatir la eliminación de sus estatutos del punto que le otorga representatividad para la negociación colectiva.

Aunque la propuesta fue rechazada, el mero hecho de tratar este punto demostró la disparidad de opiniones que existen entre las propias empresas estibadoras, de las que 2/3 tendrían que aprobar cualquier acuerdo en materia de negociación colectiva para que el mismo salga adelante, según los estatutos de la asociación.