Las Cámaras tramitan el proyecto de ley de Cambio Climático que, tras su reciente aprobación por el Congreso, ya encara su tramitación final en el Senado, antes de convertirse en una norma plena de aplicación, a falta de conocer el reglamento que la desarrolle.
El Gobierno considera esta norma como una herramienta que permitirá construir un país más seguro frente a los impactos del cambio climático, modernizar la industria española, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización
La Ley tiene una composición compleja y toca diferentes teclasrelacionadas con la reducción de emisiones contaminantes en diferentes ámbitos. Uno de ellos es la limitación de las emisiones en los entornos urbanos, que es precisamente donde mayor volumen de contaminación se produce y, en consecuencia, donde es más urgente conseguir una actuación efectiva.
Para ello se ha previsto que los municipios de más de 50.000 habitantesy los territorios insulares introduzcan en la planificación de ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad.
Entre estas medidas se incluyen el establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023, así como medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, además de para la mejora y uso de la red de transporte público.
La norma entiende por Zona de Baja Emisión (ZBE)el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.
Así mismo, el proyecto de Ley también fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente.
Llega en 2023
En definitiva, para 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes del país tendrán que tener una zona de bajas emisiones para cumplir con la normativa europea.
Estas zonas de bajas emisiones, sin embargo, tienen un impacto directo sobre la movilidad en los principales núcleos del país que suelen acumular un alto número de empresas del canal Horeca, establecimientos hoteleros y oficinas que necesitan de un abastecimiento continuado de bienes y productos en áreas en las que la movilidad es intensa.
La determinación de estas zonas, así como de las limitaciones que se introducen para contener las emisiones contaminantes suele producir polémica por su impacto económico y social.
En este sentido, algunos autores defienden que el objetivo último de estas zonas de bajas emisiones no se centra exclusivamente en reducir el número de vehículos que accedan a estas áreas, dejando de lado otros que pudieran interesar también a los transportistas, como pudiera ser el de favorecer una renovación de la flota de reparto urbano mediante incentivos para el cambio de vehículos.
Lo que sí queda claro es que las zonas de bajas emisiones tienen efectos, principalmenet, en los vehículos más pesados, que son los más contaminantes.
Sin embargo, pese a todo, las zonas de bajas emisiones no son desconocidas en el país.Madrid y Barcelona ya cuentan con espacios de este tipo en los que se ha fijado un calendario para limitar el acceso de manera progresiva a los vehículos más contaminantes.
Por lo que respecta a Madrid,la implantación de lo que originariamente se conoció como Madrid Centralgeneró en su momento una agria polémica política y su transformación posterior, cuando cambió el equipo del gobierno municipal.
En Barcelona, donde la zona de bajas emisiones afecta a varios municipios del área metropolitana de la Ciudad Condal, la regulación ha concitado el rechazo del sector transportista, que ha planteado acciones protesta.
Otras ciudades del paístambién han ido introduciendo medidas o están en proceso para incorporarlas.
151 zonas de bajas emisiones en España
Al igual que estas dos capitales, un total de 151 municipios de todo el país que cuentan con más de 50.000 habitantes deberán tener todo listo antes del fin de 2022 para que al comienzo de 2023 ya empicen a operar las ZBE.
De todos ellos,una gran cantidad se encuentran ubicados en las cercanías de las dos áreas metropolitanas españolas más pobladas.
En este sentido, un total de 23 municipios madrileños tienen más de 50.000 habitantes. En igual situación poblacional se encuentran otras 19 poblaciones de la provincia de Barcelona.
De igual modo, Alicante, Cádiz y Málagatambién cuentan con ocho localidades cada una con más de 50.000 residentes.
Sin embargo, una ley más detallada deberá indicar qué características deberán reunir estas Zonas de Bajas Emisiones, con especial atención a los servicios de reparto urbano de mercancías, que son usuarios intensivos de las vías en las principales ciudades del país.
Las zonas de bajas emisiones podrían reducir la congestión y mejorar el reparto urbano de mercancías.
Contras y ¿pros?
Por otra parte, el sector ve estas zonas de bajas emisiones como un posible elemento distorsionador y espera que las normas guarden ciertas similutudes, con el fin de poder realizar operaciones en diversos municipios, sobre todo en los casos en los que pertenecen a una misma área metropolitana, como puede ser en Madrid y Barcelona, donde pueden darse normativas que colisionen.
A nivel europeo, cada país tiene su propia regulación interna, aunque algunos países, como Alemania e Italia han buscado una regulación homogénea, que también permite cierta libertad, propia de estados descentralizados.
Por otra parte, las zonas de bajas emisiones también pueden ofrecer algunas ventajasdesde el punto de vista de la distribución urbana.
Por un lado, pueden contribuir a eliminar gran parte del tráfico privado, con lo que se ahorraría un tiempo precioso que hasta ahora se venía perdiendo con los altos índices de congestión que se registran en los principales municipios del país.
Esto puede supone una cierta mejora en cuanto a los costes y mejoras en la gestión de flotas y, consecuentemente, del aprovechamiento de medios de transporte y personal.
Finalmente, las Zonas de Bajas Emisiones podrían suponer, para aquellos vehículos de transporte de mercancías que puedan acceder, contar con más zonas reservadas para carga y descarga que permitiría una planificación mejor de la existente actualmente, que es claramente insuficiente.
