La tramitación del real decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital de los centros de datos está levantando una fuerte polvareda y críticas.
Las más destacadas llegan desde los promotores de estas instalaciones, que han mostrado su rechazo frontal a esta iniciativa legislativa y que han presentado formalmente alegaciones, con el fin de que evitar lo que consideran un impedimiento grave para el desarrollo de un sector que promete grandes inversiones.
Afectados proyectos en desarrollo
La principal preocupación está relacionada con el hecho de que el proyecto normativo no afecta únicamente a futuras inversiones, sino también a proyectos actualmente en desarrollo bajo el marco regulatorio actual.
Según el análisis de DV Spain, determinados proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos tendrían seis meses para adaptarse.
La entidad estima que esto significa que compañías que ya tiene comprometidos suelo, licencias, obra, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes deben empezar a planificar de nuevo desde cero.
Además, también se señala que el proyecto nornativo contempla ‘recargos’ de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos.
A estas pegas se han sumado en los últimos días otras de grandes empresas como Amazon o Microsoft.