La Comunidad de Madrid ha presentado esta semana alegaciones al proyecto de Real Decreto estatal por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de procesamiento de datos.
Con esta iniciativa, remitida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ejecutivo regional pretende evitar una posible sobrerregulación que afecte a la competitividad del sector en la región con respecto a otras zonas europeas.
Para argumentar su posición, el Gobierno madrileño ha realizado un análisis del texto propuesto en el que se alerta de los riesgos que puede suponer para el futuro de esta industria estratégica la entrada en vigor del nuevo marco normativo.
Según este trabajo, el proyecto de Real Decreto va más allá de lo exigido por la Unión Europea en su Directiva (UE) 2023/1791 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, ampliando la lista de indicadores obligatorios a cuestiones socioeconómicas, territoriales o de tráfico de datos, que nada tienen que ver con la eficiencia energética.
Concretamente, uno de los puntos más controvertidos está en el artículo que condiciona el acceso y conexión de los centros de datos a la red eléctrica al cumplimiento previo de unos compromisos ambientales, que no existen en ningún otro país de la UE.
Estos requisitos, que para el Ejecutivo autonómico son desproporcionados, situarían a la Comunidad de Madrid y a toda España en general, en clara desventaja frente a otros destinos europeos más ágiles y con menos imposiciones burocráticas.
Así mismo, las autoridades autonómicas estiman la disposición transitoria única extendería estas exigencias a proyectos ya en tramitación, lo que podría vulnerar la Constitución en materia de retroactividad y seguridad jurídica.
La Comunidad de Madrid defiende que la eficiencia energética debe seguir siendo un eje prioritario, pero no con normas que ahuyenten proyectos y frenen la inversión e innovación.
En este sentido, el sector de los centros de procesamiento de datos es fundamental no solo para la economía digital, sino también para la transición energética, ya que aporta flexibilidad a la red y puede integrarse con renovables y almacenamiento.
Según estimaciones de esta industria estratégica, España podría atraer más de 58.000 millones de euros de inversión hasta 2030, de los cuales, una parte muy significativa se concentraría en la Comunidad de Madrid.
Según el análisis de la Comunidad de Mdrid, una regulación excesivamente rígida podría reducir esa cifra a apenas 12.500 millones de euros.
Madrid se sitúa a la cabeza del ranking nacional, con un total de 46 infraestructuras, 35 en funcionamiento y once en construcción, y el 54,8% del total de la capacidad instalada de centros de datos en España.
