Los agentes de aduanas del Campo de Gibraltar han advertido del riesgo de graves disrupciones operativas y financieras en los intercambios comerciales con Gibraltar como consecuencia de la aplicación de las nuevas medidas derivadas del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Peñón. El colectivo considera que el nuevo régimen aduanero impone una carga financiera desproporcionada a las agencias aduaneras de Algeciras y La Línea de la Concepción.
Según denuncian, la puesta en marcha de los procedimientos asociados a los regímenes de tránsito T1GI y T2GI dentro del Nuevo Sistema de Tránsito Automatizado (NCTS) obliga a constituir importantes garantías financieras para cubrir posibles deudas aduaneras y fiscales derivadas de las operaciones comerciales con Gibraltar. A juicio del sector, esta situación traslada a los representantes aduaneros una asunción de riesgos económicos que no se corresponde con su papel como intermediarios técnicos de importadores y exportadores.
Más de 400 millones en avales
La preocupación del colectivo se ve incrementada por el fuerte desequilibrio existente en la balanza comercial entre la Unión Europea y Gibraltar. Los agentes recuerdan que las exportaciones terrestres comunitarias hacia el Peñón superan los 1.500 millones de euros anuales, mientras que las importaciones procedentes de Gibraltar representan una parte muy reducida de esa cifra, por lo que las nuevas obligaciones recaen casi exclusivamente sobre los operadores españoles.
Las agencias aduaneras denuncian que asumen riesgos ajenos a su función.
En este contexto, el sector estima que el volumen total de avales y garantías exigidos podría superar los 400 millones de euros, una cuantía que considera inasumible para muchas empresas. Los profesionales insisten en que no son entidades financieras ni aseguradoras, sino especialistas en la gestión de formalidades aduaneras.
Temor a retrasos y bloqueos
Además del impacto económico, los representantes aduaneros alertan de que las nuevas exigencias sustituyen procedimientos ágiles por una operativa más compleja y burocrática, con el consiguiente incremento de tiempos de gestión y del riesgo de incidencias en frontera. En su opinión, la obligación de constituir garantías debería recaer sobre los propietarios o importadores de las mercancías y no sobre quienes actúan en calidad de representantes.
Reclaman que los nuevos procedimientos respondan a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y realidad económica.
Los agentes advierten de que, si no se introducen correcciones con carácter urgente, podrían producirse graves tensiones financieras para las agencias aduaneras de la comarca y verse comprometida la fluidez de los intercambios comerciales con Gibraltar. Además, sostienen que a partir del próximo 15 de julio existe un riesgo real de bloqueo de determinados flujos comerciales, especialmente en las exportaciones desde la Unión Europea hacia el Peñón.
Petición de diálogo con Hacienda
Ante esta situación, el colectivo reclama al Ministerio de Hacienda una flexibilización de las garantías exigidas, así como la adopción de medidas que permitan reducir la carga administrativa y operativa derivada del nuevo sistema. Asimismo, solicita la apertura inmediata de una mesa de diálogo técnico con la Agencia Tributaria para revisar el régimen de garantías y encontrar soluciones que permitan preservar la competitividad de un sector considerado estratégico para la economía del Campo de Gibraltar.
Los profesionales reiteran su disposición a colaborar en la implantación de los nuevos procedimientos, pero reclaman que su aplicación responda a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y realidad económica, evitando que el refuerzo de los controles termine comprometiendo la actividad de las empresas que gestionan diariamente el comercio transfronterizo entre la Unión Europea y Gibraltar.
