Comisiones Obreras ha exigido a Correos esta semana "que garantice refuerzos de plantilla, medios suficientes y condiciones laborales adecuadas ante el inicio del proceso de regularización de personas migrantes, que comenzará a aplicarse el próximo lunes, 20 de abril, en la red de oficinas".
El sindicato "valora positivamente que Correos haya sido habilitado, junto a la Seguridad Social y Extranjería, como uno de los canales para la tramitación de solicitudes en el marco de los Servicios de Interés Económico General (SIEG), reforzando su papel como empresa pública estratégica y como red de acceso a la Administración".
Entre 500.000 y 1.000.000 solicitudes
Sin embargo, al mismo tiempoo, la central sindical calcula que el proceso podría suponer entre 500.000 y un millón de solicitudes, de las cuales entre un 10% y un 20% se tramitarán de forma presencial, colocando a Correos como el principal canal, cuyo personal se limitará a la recepción y tramitación de expedientes a través de la plataforma Mercurip, sin funciones de asesoramiento.
La organización sindical confirma que el operador postal público ha anunciado la dotación de certificados digitales a unas 5.000 personas y un proceso de formación acelerado en los días previos al inicio del servicio así como la participación de 350 oficinas en el turno de mañana y 329 en el de tarde, en toda España.
Para Comisiones Obreras, "la información trasladada ha sido claramente insuficiente y ha dejado abiertas numerosas dudas sobre el impacto real en la organización del trabajo".
Así mismo, el sindicato considera que "un proceso de esta magnitud, con impacto directo en cientos de oficinas, no puede abordarse con una única reunión y una explicación de escasos minutos".
Medidas urgentes y concretas
Por ello, advierte de que "la falta de planificación previa, la formación de urgencia y la ausencia de información detallada sobre el despliegue suponen un riesgo real de saturación del servicio y de sobrecarga de la plantilla".
Consecuentemente, la central reclama "medidas urgentes y concretas", como la ampliación de la red de oficinas al menos a 1.000, funciones claras y seguridad jurídica, evaluación real de cargas de trabajo, refuerzos de plantilla, formación suficiente y en jornada, medios técnicos y actualización, organización de la atención, refuerzo efectivo de la seguridad pública y compensaciones económicas y profesionales por el incremento de funciones.
