El último acuerdo de cesión de competencias entre la Administración central y el Gobierno vasco de la semana pasada ha suscitado dudas en relación con la gestión de los tres aeropuertos de la región.
En el encuentro del pasado viernes, 27 de marzo, entre los presidentes de ambos Ejecutivos se alcanzó un acuerdo sobre cooperación aeroportuaria que el Gobierno vasco ha interpretado a su favor como una cesión de competencias.
En su nota, el Estado se ha referido a esta transferencia como cooperación estratégica en el marco de un órgano bilateral aeroportuario, que, como se puntualiza, "se trata de un órgano paritario bilateral de cooperación reforzada, que aumenta la capacidad de propuesta del Gobierno vasco, mejora la interlocución con el Gobierno de España y respeta la Constitución Española, el Estatuto de Guernica y la legislación vigente".
Puntualización de Transportes
A su vez, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha entrado a detallar más este acuerdo que, según indica, se centra en "contribuir a la mejor gestión desde las competencias de cada una de las administraciones al pleno desarrollo de los aeropuertos de interés general situados en el País Vasco".
En este sentido, según el Departamente, el órgano funciona por consenso entre las partes y carece de competencias ejecutivas. En esta misma línea, la creación del órgano bilateral no altera en modo alguno el régimen legal de funcionamiento de Aena y prevé un trámite de informe sobre el DORA III que al igual que el resto de las decisiones del Órgano debe ser adoptado por consenso y no tiene carácter vinculante.
Para Transportes, "la creación del órgano no modifica en ninguna forma ni la estructura en red de los aeropuertos de Aena ni supone una modificación de los procedimientos de la 18/2014 para la aprobación del DORA y sus elementos principales, incluidas las tarifas aplicadas en los aeropuertos".
Aena analizará este acuerdo
Por su parte, Aena también ha emitido una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con esta medida, a la vista de que el "Gobierno Vasco ha publicado, también, una nota oficial sobre los acuerdos y el lehendakari ha realizado unas declaraciones públicas sobre su contenido, que podrían suscitar algunas dudas entre los accionistas de Aena y los mercados financieros sobre el alcance de lo acordado y su posible efecto en Aena".
Para el ente regulador aeroportuario, "la red de aeropuertos de interés general, que se considera un servicio de interés económico general, es titularidad de Aena —sociedad que cotiza en bolsa y cuyo 49% de capital social pertenece a accionistas privados— y su gestión corresponde de forma exclusiva a Aena, estando protegida esta gestión exclusiva por la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución Española".
Como consecuencia, Aena concibe este órgano bilateral "como un instrumento de colaboración, coordinación y participación en materia aeroportuaria de naturaleza estrictamente consultiva y no decisoria estrictamente consultiva y no decisoria", que "no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena, tal y como se configura en el marco jurídico vigente".
Para la entidad, "la nota oficial publicada por el Gobierno vasco contiene algunas manifestaciones sobre el acuerdo relativas a la intervención del órgano bilateral en procedimientos que afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían vulnerar las normas que regulan los referidos procedimientos y afectar el funcionamiento del modelo aeroportuario español en detrimento de los legítimos intereses de Aena y de sus accionistas públicos y privados".
Consecuentemente, Aena asegura que "encomendará a sus asesores jurídicos la valoración de las medidas que, en su caso, resulte procedente adoptar en defensa del interés de Aena y de los derechos de la sociedad y de todos sus accionistas, que en última instancia son los propietarios de todos los activos de Aena".
