El Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana a la formalización del contrato-programa con Correos, que regulará las condiciones de prestación de los servicios de interés económico general asignados al operador público.
Este contrato-programa desarrolla la modificación de la Ley Postal aprobada en julio del pasado año que agrega una nueva disposición por la que se reconoce a Correos, por su extensa implantación territorial, así como por los medios personales y materiales de que dispone.
En este sentido, se considera al operador postal el instrumento idóneo del Estado para prestar servicios de interés económico general, es decir, aquellos que no son proporcionados por el mercado sin la intervención estatal.
Hasta 2030 y con cuatro bloques
Con más detalle, el contrato-programa plurianual estará en vigor hasta 2030 y concreta las condiciones de prestación de estos servicios asignados por la Ley a Correos.
De manera particular, los servicios de interés económico general asignados al operador abarcan cuatro grandes bloques, que cubren accesibilidad a las comunicaciones postales, mediante la puesta a disposición de la red de oficinas y demás puntos de atención en el ámbito rural, accesibilidad a servicios financieros básicos, el acceso universal a la Administración General del Estado y la puesta a disposición del Estado de los medios personales y materiales que se requieran en situaciones de seguridad o emergencia.
Además, el Gobierno estima que, con este contrato-programa, Correos reforzará su papel como ventanilla única de la Administración General del Estado ofreciendo próximamente la posibilidad de adquirir deuda pública u obtener el certificado digital en su red de oficinas.
