La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dado a conocer este lunes, 22 de junio, la sentencia del 'caso mascarillas', en la que condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, con un máximo de cumplimiento efectivo de quince años y dieciocho meses de prisión.
De igual modo, se impone una condena a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
Por su parte, al empresario Víctor de Aldama, al que se aplica la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia, ha sido condenado cuatro 4 años y seis meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho.
Además, el Alto Tribunal ha acordado suspender la ejecución de esta pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año.
Organización corrupta
La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.
El Supremo onsidera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
Se aprovecharon en plena pandemia
El particular, el auto asegura que en el contexto de la pandemia de covid-19, los tres acusados, de mutuo acuerdo, ante la necesidad de compra de material sanitario, en coordinada actuación, utilizaron su ascendencia para que la empresa Soluciones de Gestión, mercantil vinculada a Víctor de Aldama, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de mascarillas licitados por Puertos del Estado y Adif, de manera que Víctor de Aldama se lucraba, a través de las comisiones concertadas con Soluciones de Gestión, y con cargo a las mismas.
De ese importe, pactaron que una parte la entregaría Víctor de Aldama a los otros dos acusados.
En su auto, el tribunal destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que, según su criterio, socava la arquitectura democrática del Estado.
