Desde hace ya unos años es cada vez más perceptible un movimiento para garantizar los derechos laborales de los trabajadores que internvienen en las cadenas de suministro más alargadas e internacionalizadas, en las que se hace díficil controlar que no se dan situaciones de explotación.

Precisamente para evitarlo, el Gobierno alemán ha puesto en marcha la semana pasada una iniciativa para tramitar una nueva Ley de la Cadena de Suministro, que tiene como objetivo proteger los derechos de las personas que producen bienes para el mercado alemán.

De igual modo, el proyecto de ley también cubre la destrucción del medio ambiente, sobre la idea de que las empresas tienen la responsabilidad de garantizar que se respeten los derechos humanos a lo largo de sus cadenas de suministro.

De acuerdo con las disposiciones de la nueva legislación, la responsabilidad de las empresas es extenderse a lo largo de toda su cadena de suministro, gradualmente en función de las oportunidades que tienen para ejercer influencia, de tal manera que las empresas deben cumplir con sus obligaciones en su propio campo de actividad y vigilar que sus proveedores directos también lo hacen.

En concreto, la norma propone analizar los riesgos relacionados con los derechos humanos, tomar medidas para prevenir y mitigar cualquier violación, establecer mecanismos de reclamación e informar sobre sus actividades.

Así mismo, también se establecen obligaciones relacionadas con el medio ambiente, basadas en dos convenios internacionales para reducir riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente sobre el mercurio y contaminantes orgánicos persistentes.

Tarde o temprano, si esta iniciativa prospera en Alemania, podría acabar trasladándose al resto de la Unión Europea.