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La norma no solamente es «contraria a la política europea», sino también «regresiva y discriminatoria».

La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones, Anfac, ha denunciado ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado el proyecto de Ley de Transición Energética de las Islas Baleares.

Su actuación cuenta con el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepyme, y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, CAEB, que consideran que la medida  afectará «gravemente» al funcionamiento del mercado interior.

La norma, que ya se encuentra en una avanzada fase de tramitación, contempla la prohibición de que puedan circular vehículos diésel por las islas a partir de 2025, pese a ser legal en el resto de España y de la Unión Europea.

El texto incluye, además, la prohibición de la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles a partir de 2035. No obstante, se permitirá circular a los vehículos ya radicados en Baleares, con independencia de su antigüedad y emisiones.

Desde la CEOE, el CAEB y Cepyme, defienden la armonización de las políticas autonómicas de transición al vehículo eléctrico con la nacional y la europea, aduciendo que la nueva regulación «supone un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”.

Comparten esta misma idea en la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción, Faconauto, la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares, Aseda, y la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con Conductor, Baleval, que creen que la norma no solamente es «contraria a la política europea», sino también «regresiva y discriminatoria».