La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Anfac, ha presentado 16 medidas para el impulso de la infraestructura de recarga eléctrica de acceso público en España, clave para el desarrollo de la electromovilidad y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.
En 2011, los vehículos eléctricos representaban el 0,05% del mercado mientras que en 2020 el porcentaje se ha elevado hasta 4,8%, aunque solamente suponen el 0,2% del parque automovilístico.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima estima que para 2030, habrá cinco millones de vehículos eléctricos en las carreteras españolas, pero para alcanzar esta cifra es necesario potenciar la red de infraestructuras, que suma 8.500 puntos de recarga.
Entre las medidas institucionales que plantea Anfac, destaca la fijación de objetivos vinculantes, como alcanzar los 45.000-48.000 puntos de recarga el 31 de diciembre de 2022, los 110.000 - 120.000 el 31 de diciembre de 2025, y los 340.000 - 360.000 el 31 diciembre de 2030.
En esta línea, debe reconocerse el interés estratégico de los proyectos de despliegue de infraestructuras de recarga de alta potencia, para impulsar todos los trámites, reducir a la mitad los plazos ordinarios y mejorar la interlocución con las diferentes administraciones.
Resulta también necesario aprobar medidas urgentes, de carácter temporal limitado, para constituir una red mínima que permita, durante un periodo transitorio, el tránsito de los consumidores por la Red General de Carreteras.
Así, Anfac reclama que aquellas estaciones de servicio que vayan más allá de los objetivos planteados en el Proyecto de Ley de Cambio Climático puedan optar a una línea de subvenciones más potente.
Barreras regulatorias
El documento indica que la declaración de utilidad pública para los puntos de alta potencia es un mecanismo muy útil para facilitar su despliegue, pero es necesario adaptar medidas complementarias y de desarrollo para potenciar este reconocimiento.
Igualmente, estima necesaria la equiparación de las estaciones de recarga a las estaciones de servicio a los efectos de la normativa de carreteras, y propone que para acortar los plazos de desarrollo de infraestructuras, se pueda disponer de información sobre la capacidad de consumo de la red de distribución.
La Administración Local juega un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura de recarga pública, por lo que para fomentar su despliegue y eliminar trabas administrativas, Anfac plantea la aprobación de ayudas municipales a la instalación, bonificaciones en tasas o impuestos municipales y el desarrollo de un mapa público de estas infraestructuras.
Asimismo, es necesario definir cuál es la Administración responsable y su grado de implicación, pero también fomentar la instalación de estos puntos en zonas de estacionamiento de 'car sharing', paradas de taxi o islas de carga mediante concesiones de suelo público, y promover infraestructuras de recarga inteligente en los aparcamientos de los edificios.
En relación a las medidas de impulso económico, se centrarían en ayudas a la implantación de la infraestructura de recarga, beneficios fiscales de carácter temporal en el Impuesto Especial sobre Electricidad o propuestas a incorporar en el futuro Código Técnico de la Edificación para favorecer las infraestructuras de recarga en edificios.
Del mismo modo, plantean que, de manera transitoria, hasta alcanzar una penetración del vehículo eléctrico razonable, se flexibilice al máximo la estructura de costes fijos a soportar por los operadores de puntos de recarga, y que se incluyan proyectos para reforzar la red en los planes de inversión anuales y plurianuales de las distribuidoras eléctricas.
Protección del consumidor
Por último, en el apartado de medidas de liberalización y protección de los consumidores, la Asociación destaca la necesidad de crear un registro de puntos de recarga de acceso público, que en su opinión debería estar listo el 30 de marzo de 2021.
A ello se añade la petición para el despliegue de sistemas interoperablesque permitan a los usuarios recargar en diferentes países y redes con una única aplicación o tarjeta. Además, de cara a garantizar la continuidad en la prestación de servicios, los titulares de los puntos de carga deberían informar sobre sus condiciones, posibles interrupciones o el cese de la actividad.
Desde Anfac exigen también ampliar las obligaciones establecidas en la Ley del Sector Eléctrico para las empresas comercializadoras y distribuidoras de electricidad, de manera que se garantice que la información accesible al público sea fácil y claramente comparable, transparente y no discriminatoria.
Para la coordinación, ejecución y supervisión de las medidas, se recomienda crear un comité de Coordinación dependiente del Consejo de Ministros o de la Comisión que se constituya para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como la creación de una agencia estatal que coordine, ejecute y supervise los objetivos de despliegue.
Además, la Asociación propone crear un Consejo Asesor para el despliegue de las infraestructuras de recarga, integrado por representantes del Comité de Coordinación y la agencia estatal, asociaciones y representantes de las industrias afectadas.
El documento completo puede descargarse en este enlace.
