El juicio que iba a celebrarse esta semana en Madrid y que enfrentaba a la Tesorería General de la Seguridad Social contra Deliveroo, a raíz de una denuncia interpuesta por la Inspección de Trabajo para esclarecer si estos trabajadores son asalariados o autónomos, ha sido finalmente suspendido hasta el 31 de mayo próximo.

Antes de la vista, Asoriders, una de las asociaciones que agrupa a parte de la plantilla de la empresa de reparto a domicilio y que, según UGT, «está constituida por la propia plataforma, no por los trabajadores», ha pedido al juez que la Agencia Tributaria emita un informe pericial para determinar el número de trabajadores que trabajan también para otras empresas distribuidoras.

Anteriormente, en Barcelona, la Inspección de Trabajo impuso a la empresa la obligación de dar de alta a los repartidores en el Régimen General de la Seguridad Social y abonar 1,3 millones de euros en concepto de cuotas a la Seguridad Social no abonadas.

La suspensión del juicio obedece, según UGT, a «una estrategia de Deliveroo para aplazar en el tiempo el juicio hasta ver si los acontecimientos políticos continúan respaldando la línea de actuación de estas plataformas, que han florecido al amparo de las políticas del Gobierno del PP”.

Para el sindicato “este juicio es fundamental porque afecta a 529 trabajadores en Madrid, además de los procedimientos abiertos por la Inspección en Barcelona y Valencia, que supondría la modificación de las relaciones laborales de unos 4.000 trabajadores de Deliveroo. Pero también afectaría la sentencia a trabajadores de otras plataformas, como Glovo, que aúna a 8.000 trabajadores a nivel estatal”.

Para los representantes sindicales, Deliveroo fija los precios, ordena los pedidos y organiza los horarios a través de la aplicación, lo que demuestra, según su criterio, que los trabajadores no son autónomos, sino por cuenta ajena.

Además del pleito de Madrid, también están pendientes de juicio otras denuncias interpuestas también en Valencia y Barcelona.