Asotrava rechaza las condiciones impuestas al servicio comercial de transporte en el puerto de Bilbao

Un transportista autónomo tendrá que suscribir, al igual que una agencia o una gran empresa de transporte, un seguro de responsabilidad civil de un millón de euros y aportar un aval bancario de 250.000 euros.

13/12/2018 a las 21:57 h

Camiones de contenedores en el puerto de Bilbao La aprobación impone "unos requisitos económicos leoninos y desproporcionados susceptibles de limitar el libre acceso a dicha actividad".

La Asociación de Transportistas Autónomos Vascos, Asotrava, ha solicitado una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, para trasladarle su preocupación por la modificación del pliego de condiciones del servicio comercial de transporte terrestre portuario, aprobado por el Consejo de Administración "sin consulta previa a las asociaciones de transportistas".

La decisión ha sorprendido a Asotrava, que recuerda el puerto se había comprometido en el mes de septiembre a mantener canales de diálogo y comunicación fluidos. Esta aprobación impone "unos requisitos económicos leoninos y desproporcionados susceptibles de limitar el libre acceso a dicha actividad comercial a todos los operadores".

Asotrava habla, en concreto de, "posibles prácticas de restricción de la libre competencia" en cuanto al acceso, en igualdad de condiciones a esta actividad por parte de un transportista autónomo, una agencia o una gran empresa, de manera proporcional al tipo de operador.

Requisitos

Con esta modificación, un transportista autónomo que quiera operar en el puerto de Bilbao tendrá que suscribir, al igual que una agencia o una gran empresa de transporte, un seguro de responsabilidad civil de un millón de euroscomo mínimo, además de los seguros de responsabilidad civil a los que está legalmente obligado.

También tendrá que aportar un aval bancario a favor de la Autoridad Portuaria de como mínimo 250.000 euros. Se exigen, por tanto, dos garantías diferentes para cubrir los mismos riesgos que suman como mínimo 1.250.000 euros.

A ello se añade el requisito de la capacidad económica, pues las empresas interesadas deben disponer de fondos superiores a 60.000 euros. Esta imposición resulta "desproporcionada" y no garantiza el libre accesoen igual de condiciones, teniendo en cuenta que se le exige tanto a un transportista con uno o dos vehículos como a una empresa con decenas de unidades.

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