El sector del transporte sigue denunciando la falta de interés del Gobierno en prohibir las labores de carga y descarga por parte de los conductores. Así, la reciente respuesta parlamentaria en la que ha indicado que cualquier regulación «vendrá marcada por las condiciones establecidas en la relación comercial entre las partes”, ha supuesto un jarro de agua fría.

Una vez más, según denuncian desde la Asociación de Transportistas Autónomos, «se abre la puerta a la explotación de los profesionales del transporte«. En su opinión, la inacción frente a lo que está sucediendo tendrá consecuencias a corto plazo, máxime cuando se trata de una situación denunciada históricamente sobre la que no se quiere actuar.

Aunque en casos como las mudanzas, paquetería, carga fraccionada o transporte con vehículos de autodescarga, donde la actividad de carga y descarga es intrínseca al tipo de trabajo, la proliferación de esta actividad en otro tipo de transportes, supone en muchos casos «un abuso por parte de los cargadores«, que ahorran costes a cuenta de la calidad de vida del transportista.

Esto perjudica seriamente al profesional, al no estar incluido en sus horarios de trabajo. Además, no se trata de pagar o no la actividad, sino de no desarrollarla ante el perjuicio que supone para el transportista.

Por otro lado, la normalización de esta acción contribuye a dejar de hacer atractiva la profesión y en consecuencia, limita el acceso de nuevos profesionales al transporte, «uno de los más precarios tanto a nivel económico como de condiciones laborales«.