La escasa renovación generacional y las condiciones sociales y económicas en las que se desarrolla la actividad del transporte en España podrían llevar en un periodo máximo de cinco años a problemas de desabastecimiento, si no se toman pronto decisiones al respecto.

Esta situación, que ya viven países como Inglaterra, Estados Unidos y parte de Europa, ya ha sido denunciada por Fetransa, pero según explican desde la Asociación de Transportistas Autónomos, la Administración «se empeña en seguir poniendo palos en la rueda de un sector abocado a vivir en una crisis permanente«.

Entre los aspectos que hacen peligrar el futuro inmediato del transporte se encuentran el aumento del precio del gasóleo, el pago por uso de autovías, la imposición de los cargadores a realizar las tareas de carga y descarga, los costes de la transición ecológica y el escaso margen de beneficio comercial.

A ello se añaden los problemas de competencia desleal o las condiciones ligadas al desarrollo del trabajo. Todo ello ha contribuido a que el acceso de jóvenes a la profesión sea cada vez más reducido, lo que está generando un envejecimiento importante del sector, que se encuentra entre los cinco con más dificultades para encontrar profesionales.

Por ello, desde ATA reclaman medidas urgentes que permitan dignificar la profesión y hacerla más atractiva para las nuevas generaciones.

Aumento de los costes

Igualmente, la Asociación ha insistido en que en la actualidad, «el transporte no es rentable«, por el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda.

Además, el precio del carburante se ha incrementado en un 30% en plena crisis, y trasladar la subida de los costes al precio del transporte no es posible en un momento así, algo a lo que se añade la incertidumbre generada por la imposición de «una irrealizable transición energética en los vehículos«.

De producirse, esto obligaría a la práctica totalidad del sector a asumir inversiones millonarias que con la actual coyuntura «resultan absolutamente impensables«.

Ante este panorama, ATA conmina a la clase política a «dejar de lado discursos electoralistas» y asumir la toma de decisiones inmediata como una obligación para hacer frente a una situación que amenaza con convertirse en «un auténtico problema social y económico» para el país.