ATA reclama una moratoria en el calendario de renovación de flotas en Madrid

Existe muy poca oferta disponible para vehículos pesados de energías alternativas y su precio de adquisición resulta exagerado, a lo que se añade el problema de los plazos de entrega.

06/07/2022 a las 17:28 h

Desde 1 de enero de 2023, ningún vehículo pesado sin distintivo ambiental podrá entrar en el entorno definido por el distrito Centro de la capital y quedará prohibido el acceso a los vehículos ligeros menos de 3.500 kg del tipo B. Desde enero de 2025, la prohibición se extendería a vehículos pesados de más de 3.500 kg con distintivo B.

Para la Asociación de Transportistas Autónomos, esta normativa resulta imposible de cumplir y así han tratado de trasladarlo a los representantes políticos presentes en el Ayuntamiento de Madrid en la ronda de encuentros que han mantenido para buscar una moratoria.

Sin embargo, se muestran preocupados por "la escasa sensibilidad mostrada por el Ayuntamiento de Madrid", a los que se ha explicado la imposibilidad de cumplir los plazos marcados por la ordenanza municipal para la renovación de flotas de transporte, y la incidencia que la medida puede tener sobre los vecinos de Madrid.

Desde ATA, quieren hacer constar que los vehículos sin distintivo ambiental suponen un 30% del total de los vehículos pesados que operan en Madrid, mientras que los vehículos afectados con distintivo B, suponen prácticamente el 60% de los que trabajan en la capital.

Además, existe muy poca oferta disponible para vehículos pesados de energías alternativas y su precio de adquisición resulta exagerado. Por si ello no fuera suficiente para aplicar una moratoria, la Asociación recuerda que los plazos de entrega que están dando los concesionarios a la hora de adquirir un vehículo nuevo, en la mayoría de los casos sobrepasa el año.

Es decir, aquel transportista que decida renovar su vehículo ahora no lo podría estrenar antes del 1 de enero del 2023 y le sería imposible cumplir con el calendario establecido. Por último, la falta de infraestructuras asociadas a las energías renovables supone un nuevo hándicap  en caso de que la totalidad de la flota ejecutase el cambio requerido.

Desde ATA se insiste en la necesidad de buscar un consenso político para retrasar la entrada en vigor de esta norma, que puede aplicarse de forma planificada ahora, o de manera urgente cuando el desabastecimiento amenace a la población.

 

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