UNO sigue plantando batalla a Correos y, en este sentido, denuncia «trabas por parte del operador postal público para que las empresas privadas de paquetería tengan libre acceso al uso de las consignas automáticas CityPaq«, por lo que estudia «iniciar las acciones legales que correspondan incluso mediante la denuncia de la situación ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia».

Según refiere la patronal, «Correos ha remitido una carta a los operadores privados exponiendo las condiciones de acceso a sus taquillas CityPaq, consistente en la firma de un contrato de acceso a la red de taquillas, el pago de un canon por paquete entregado y la interconexión informática con el operador», que la mayoría de los operadores se habría negado a firmar en dichas condiciones.

Mientras, el operador postal público argumenta que esta funcionalidad no forma parte del servicio postal universal y que, sin embargo, sí que conforma parte de su oferta de paquetería.

En este sentido, UNO estima, a partir de un informe jurídico de elaboración propia, que «Correos podría estar vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia y restringiendo los derechos de los consumidores, teniendo en cuenta que esta infraestructura se oferta como un arrendamiento por uso para designarlo como un domicilio postal para que el usuario pueda establecerlo con las tiendas on-line o remitentes de paquetes, con independencia del operador que haga entrega del mismo».

De igual modo, la organización empresarial cree que «los CityPaq son el equivalente a los casilleros domiciliarios de cartas  y cumplen las mismas funciones de domicilio postal, por lo que el acceso para la entrega del envío debe ser libre, ya que se trata de un derecho de los usuarios postales que lo designan como domicilio de entrega, siempre previo contrato con Correos».

Además, la patronal recuerda que «la única obligación de las empresas de reparto es la de entregar los envíos postales en la dirección indicada en el paquete» y advierte «de su posible exclusión del mercado debido al sobrecoste que las empresas incurrirían por la prestación de dicho servicio, teniendo en cuenta que no sería asumido por el operador público».