Que la realización de las labores de carga y descarga supone una cuestión de costes era un secreto a voces que se solía disfrazar como una cuestión de competitividad y operatividad.

Aecoc cifra en 2.000 millones de euros el sobrecoste que supondría a los cargadores realizar con medios propios estas tareas que ahora suelen hacer en su mayor parte los transportistas, sin que, también en términos generales, los cobren, toda vez que este trabajo implica personal dedicado y equipos de manutención.

Ahora bien, visto el problema, va a ser difícil (casi imposible) eliminar la posibilidad de que esta situación ciertamente irregular se pueda regular mediante una cláusula en cualquier contrato de transporte, en el que, como en cualquier otro documento mercantil, rige el principio de libertad de las partes para acordar lo que estimen oportuno, siempre que no sea contrario a las leyes.

Independientemente de cualquier circunstancia, el problema sigue ha vuelto a colocarse en la casilla de salida, con las posturas bien definidas y las partes decididas a defender sus respectivas posturas.

En esta coyuntura, cada vez toma más relieve la petición de la secretaria general Rallo para abordar el asunto con «decisión y ambición», lo que implicará necesariamente hablar de costes y, según apunta todo, ponerle un precio.