Cuando se va a cumplir un año de la sentencia por la que la Audiencia Nacional anulaba el ERE en Transportes Buytrago, condenando a todo su grupo empresarial, desde el sindicato CCOO se denuncia la indefensión «absoluta» en la que se encuentran los trabajadores de esas empresas ante la total «impunidad sobre el incumplimiento de dicha sentencia».

En concreto, los trabajadores siguen sin recibir nada de los 47 millones de euros a los que fueron condenadas a pagar las empresas del Grupo Buytrago en sentencia de la Audiencia Nacional, tras el cierre patronal realizado por sus administradores sociales en marzo de 2014.

Por ello, la sentencia de nulidad del ERE, así como el posterior auto de extinción dictado también Audiencia Nacional por el que se reconocía la improcedencia debido a la imposibilidad de readmitir a la plantilla en sus puestos de trabajo, se está incumpliendo «en todos sus extremos», principalmente desde la Administración concursal.

La sentencia condenaba solidariamente a todas las empresas del grupo, incluida la empresa patrimonial Anylu, en la que se encontraban las naves en las que se realizaba la actividad.

Para el sindicato, resulta «increíble» que la Administración concursal se haya limitado a hacer un plan de liquidación, que el sindicato ha impugnado, puesto que, a efectos de liquidación, los trabajadores son acreedores por ley.

Además, una treintena de empleados, entre los que se encuentran los dueños y directivos del grupo empresarial, aún no han sido dados de baja de sus facultades organizativas.

Seguridad Social y servicios de empleo

Igualmente, CCOO observa poca predisposición por parte de la administración concursal, a la hora de responsabilizarse de los ingresos correspondientes en la Seguridad Social y los servicios de empleo, una responsabilidad recogida también en el auto de extinción.

«En todo este relato de impunidad, tanto la Seguridad Social como los Servicios de Empleo están convirtiéndose en corresponsables de que no se cumpla la sentencia, ya que ambos se han dedicado a negar derechos y prestaciones con farragosas resoluciones, contradictorias entre sí, con la única intención de poner trabas, con largos y costosos procesos judiciales, a derechos y prestaciones que les corresponde reconocer tras los obligados e involuntarios ceses a los que se vieron obligados los trabajadores».

Ante esta situación, CCOO ha amenazado con movilizaciones en apoyo de los trabajadores del grupo que se encuentran en una situación de «total indefensión», tras un año desde el juicio en la Audiencia Nacional y casi dos desde el cierre patronal.