Competencia aclara sus criterios de supervisión de los precios del acceso a instalaciones ferroviarias

Competencia aclara sus criterios de supervisión de los precios del acceso a instalaciones ferroviarias con el fin de proporciona seguridad jurídica a los explotadores de instalaciones de servicio.

03/09/2022 a las 21:52 h

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha emitido una Comunicación para clarificar los criteriosque utilizará para supervisar los precios que las distintas compañías de tren deben pagar por acceder a las instalaciones ferroviarias y a los servicios que se les prestan en ellas.

Según Competencia, el acceso a estas infraestructuras, como estaciones, terminales de mercancías o talleres, entre otras, pertenecientes a Adif, Renfe y otras empresas, es esencial para que las compañías de viajeros y de mercancías puedan desarrollar su actividad.

Además, el acceso está regulado en la Ley del Sector Ferroviario, que exige que no sea discriminatorio, transparencia en las condiciones de acceso y de prestación de los servicios y la orientación de los precios al coste de prestación más un beneficio razonable, en el caso de los servicios básicos, y también en el de los servicios complementarios y auxiliares, cuando solo hay un posible prestador.

En este sentido, el documento del organismo regulador aclara los criterios para determinar los costes imputables a los servicios y dota de certidumbre a los explotadores de las instalaciones de servicio ferroviarias.

Al mismo tiempo, la Comunicación también desarrolla el concepto de beneficio razonable, asimilándolo al coste medio ponderado del capital y desarrolla una metodología para su cálculo en línea con las que usa en otros sectores bajo su supervisión.

El explotador de la instalación es el responsable de fijar las tarifas en función de sus previsiones de actividad y costes, por lo que Competencia concluirá que los precios cumplen con la normativa si, de acuerdo con las cuentas aprobadas y auditadas, los ingresos obtenidos por la prestación del servicio no superan los costes más un beneficio razonable en los tres ejercicios anteriores.

El organismo regulador asegura que esta Comunicación proporciona seguridad jurídica a explotadores de instalaciones de servicio, sin imponerles nuevas obligaciones adicionales, ni cargas administrativas excesivas.

 

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