En un Estado de Derecho tan garantista como el español, en un marco aún más garantista como es el europeo, cualquier amenaza a la libre competencia, más allá de las excepciones que marcan aquellos oligopolios atornillados desde tiempos inmemoriales a sus propias realidades, se mira con microscopio electrónico, más que con lupa.

En el caso del transporte, la Comisión Nacional de los Marcados y la Competencia ha sacudido al Comité Nacional del Transporte por consultarle, a través del Ministerio de Fomento, si sería posible establecer una normativa legal que impidiera contratar servicios bajo condiciones económicas abusivamente bajas, tomando como referencia los costes que aparecen en los Observatorios que publica el Ministerio de Fomento.

Tal y como era de esperar, Competencia estima que “la prohibición de prestar servicios de transporte por debajo de un determinado baremo de costes, constituye una restricción a la libertad de fijación de precios de los operadores económicos, que por tanto restringe la competencia del mercado” y, además, según el organismo regulador, dicha prohibición podría tener “un impacto notable en los precios de los bienes finales”.

En definitiva, la CNMC afirma en su informe, según recoge Fenadismer, que “no existen razones imperiosas de interés general que justifiquen la intervención regulatoria” y a este respecto pide que se eviten «distorsiones injustificadas que alteren el juego competitivo en perjuicio de los consumidores”