El Gobierno sigue avanzando con total opacidad en su proyecto para introducir un peaje en las autovías españolas, pese a que se había comprometido a que habría un debate público sobre esta iniciativa.

Frente a esta actitud, que anticipa que el Ejecutivo está dispuesto a llevar a Consejo de Ministros antes de fin de año el nuevo sistema de pago por uso con las mínimas e imprescindibles posibilidades de réplica, crece la oposición frontal en diferentes actores del país.

Diversos dirigentes autonómicos del Partido Popular se han manifestado en contra del peaje en autovías, señalando que perjudicará a la competitividad de la economía española, pese a que en el Gobierno este mismo partido también ha elaborado estudios para poner en marcha medidas similares.

El último de ellos ha sido el extremeño José Antonio Monago, que ha indicado que su región será de las más perjudicadas por este nuevo canon, a la vista de, a su juicio, «va a restar competitividad en el campo extremeño».

Sin embargo, otras institiuciones también se han manifestado contra este proyecto, como es el caso del Race, que, además de reiterar «su oposición frontal por ser una medida que vuelve a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores», también ha elaborado una encuesta con la que pone números a la opinión negativa sobre un nuevo peaje.

En concreto, la institución señala que un 73,3% de los conductores españoles está en contra de pagar por usar autovías y autopistas.

Más aún, el Race hace una referencia a las negativas implicaciones para la seguridad vial que tendrá la medida, que, en su opinión, obligará «a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas».

La encuesta de la organización de conductores refleja que un 80% escogerá itinerarios alternativos para evitar el pago del peaje, mientras que un 79% afirma que el proyecto de pago por uso que impulsa el Gobierno aumentará la siniestralidad vial en el país.

En el caso del transporte de mercancías por carretera, afectado de pleno por la iniciativa gubernamental, la oposición al proyecto, cuando no unánime, por lo menos es aplastante.

Mientras tanto, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 ha disparado el gasto en mantenimiento de carreteras, que ya antes era imprescindible, pese a su escasa dotación, para ir preparando el terreno a la futura introducción de un sistema de pago por uso.