La crisis sanitaria ha hecho coincidir en un mismo momento histórico la acuciante necesidad que tienen los Estados para encontrar ingresos debajo de cualquier alfombra y una potente conciencia medioambiental que presiona sin descanso para ir dejando de lado los combustibles fósiles.

En este marco, uno de los elementos más inmediatos a los que puede recurrir un Gobierno para ingresar más dinero es el impuesto sobre los carburantes, máxime si tiene margen para hacerlo dentro de los umbrales establecidos por la Unión Europea.

Esta misma semana, la organización Transport & Environment ha insitido en que «hacer que los combustibles fósiles sean más caros será importante a largo plazo si queremos enviar los últimos vehículos de combustible fósil restantes al desguace«.

Para esta entidad «es necesario aumentar los impuestos al combustible y al carbono para ser justos y graduales».

Así mismo, la organización explica que «la forma más sencilla de lograrlo es a través de los impuestos nacionales al combustible o los esquemas de fijación de precios del carbono, como el introducido recientemente por Alemania».

La organización estima que con estas medidas, paulatinamente y a medida que la tecnología lo permita el mercado de vehículos eléctricos estará en condiciones de ofrecer alternativas asequibles para reducir las emisiones contaminantes del transporte por carretera.