El Comité Nacional de Transporte en su última reunión de la semana pasada ha puesto sobre la mesa una serie de diez reivindaciones que se propone defender ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Entre los puntos más destacados se encuentra la oposición frontal del sector a la tarificación de infraestructuras y a nuevos desvíos obligatorios de vehículos pesados hacia vías de peaje, así como se exigencia de estar presente en las mesas de debate que se abran en este aspecto.

De igual modo, el Comité también insiste en que se cambie la ley de contrato de transporte para eliminar el pacto en contrario, especialmente en lo que respecta a plazos de pago, aplicación de la cláusula de revisión del precio del combustible y operaciones de carga y descarga.

Además, el sector también quiere, dentro de este punto, que se prohiba que los conductores realicen labores de carga y descarga, así como que se reduzcan los tiempos de espera para estos trabajos y el pago efectivo de las paralizacionespor parte de los cargadores.

Como ya es tradicional, el Comité también reitera su oposición a la modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías, «en tanto que no se alcancen condiciones de equilibrio, contractual y económico, en las relaciones mercantiles entre transportistas y sus clientes».

Por otra parte, el órgano consultivo reclama el desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón, una mayor cooordinación de los planes de movilidad, así como una racionalización en la política de transición ecológica.

Así mismo, también se pide que se avance en la armonización fiscal en el sector del transporte, que se desarrollen planes de áreas de descanso en toda la red viaria, así como que se mantenga el régimen de gasóleo profesional, con un régimen alternativo para los vehículos dotados de autorización de transporte de menos de 3,5 toneladas de MMA.

Por último, también se solicita que se mantengan las ayudas al abandono de actividad y a la formación, así como que el Gobierno «inste las medidas legislativas que sean precisas para conseguir la viabilidad del sector, incorporando a nuestro ordenamiento normas ya existentes en derecho comparado».