El diseño, la construcción y el mantenimiento de las carreteras en un país como España, que ha visto cómo ha crecido su red a pasos agigantados en los últimos veinte años, supone un gasto descomunal y un quebradero de cabeza para las Administraciones Públicas.

Con vistas a paliar este problema de financiación, en la Unión Europea ha ido ganando terreno, también en los últimos años, el principio de tarificación por el uso de las infraestructuras que, al fin y al cabo, supondría tener que pagar por circular por alguna vía.

En este sentido, el ministerio de Fomento tiene previsto llevar a una comisión en el Congreso de los Diputados el debate sobre la financiación de las vías de alta capacidad y ya maneja diversas opciones, tras dar el primer paso con un Real Decreto-Ley que le permite asumir peajes y aplicar desvíos obligatorios de camiones a autopistas de peaje por motivos medioambientales o de seguridad vial.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de introducir en aquellas carreteras que reviertan al Estado peajes para todos los usuarios de las vías o la de limitar estos peajes a ciertos colectivos, entre los que el sector del transporte tiene todas las papeletas para sufrirlos, así como la alternativa de limitar el cobro de los peajes a ciertos horarios y fechas concretas, algo que no parece muy adecuado en vías que no sufren situaciones habituales de congestión.

La compleja composición parlamentaria existente actualmente podría complicar un acuerdo que el Gobierno, no obstante, espera sacar adelante en esta misma legislatura.