En línea con la política de liberalización de las autopistas que lleva a cabo el Ministerio de Transportes, el próximo mes de septiembre verá la eliminación de los peajes en la AP-7 desde Tarragona hasta la frontera de la Junquera y en la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo.

Pese a ello, no cesa el debate en torno al sostenimiento financiero de las ingentes necesidades de mantenimiento que requiere una red viaria tan densa como la española y, consecuentemente, se generan propuestas diversas sobre tarificar de algún modo su uso.

De esta manera se suman en total 640 kilómetros más libres de peaje en las vías españolas de alta capacidad, según los cálculos de Fenadismer que, además, también destaca las, a su juicio, «indudables ventajas para la mejora de la seguridad vial y la descongestión de la red viaria nacional, ya que permite una mejor redistribución de los tráficos tanto privados como profesionales entre las carreteras nacionales y las autopistas paralelas de peajes, basando la elección por una u otra vía por parte de los conductores no en criterios exclusivamente económicos como hasta ahora, sino en función de la distancia del trayecto a realizar o del destino del viaje».

De igual manera, la patronal también estima, a partir de datos de los Observatorios oficiales, que esta medida contribuye a «rebajar de forma importante la actual factura en concepto de peajes que soportan los transportistas españoles, en torno a 1.900 euros anuales por vehículo».

Sin embargo, por otra parte, la finalización de la concesión de las autopistas C-32, entre Barcelona y Lloret de Mar, y de la C-33, desde Barcelona a Montmeló, y su paso a ser de titularidad autonómica podrían implicar que la Generalitat estableciera algún sistema de pago por uso una vez venzan las concesiones actuales.