El Comité Nacional del Transporte por Carretera quiere volver a la negociación de los diez puntos planteados en febrero directamente ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Así se lo ha hecho saber a través de una carta remitida a José Luis Ábalos la semana pasada, en la que le insta a conversar «con base a los compromisos asumidos por el Ministerio el pasado mes de julio».

A este mismo respecto, el Comité reprocha al Departamento que se hayan trasladado «informaciones equívocas a la opinión pública sobre materias sensibles para sus bases asociativas que las han llenado de inquietud», en lo que es una clara alusión a la abierta defensa que han hecho el propio ministro y algunos cargos de su misno negociado en relación con una más que probable implantación del pago por uso en las infraestructuras para sostener su conservación.

En este mismo sentido, el Comité estima que por este motivo «se hace imprescindible la reanudación del diálogo para evitar el conflicto que nadie desea«.

Los diez puntos en discusión

Los diez puntos que planten las organizaciones empresariales del transporte cubren precisamente su exigencia de participar en cuantas mesas de debate se abran sobre la tarificación de las infraestructuras, así como una oposición radical al desvío obligatorio de vehículos pesados hacia vías de peaje.

Así mismo, el Comité insiste en una modificación que se antoja imposible de la ley de contrato de transporte para eliminar el pacto en contrario en plazos de pago, cláusula de revisión del precio del combustible y operaciones de carga y descarga .

Además, el órgano de representación de los transportistas ante la Administración pide que no se introduzcan las 44 toneladas, que se planteen medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón, que se coordinen los planes de movilidad con el sector y que se realice una armonización fiscal en el sector del transporte.

Finalmente, los transportistas exigen planes para el desarrollo de de áreas de descanso en toda la red viaria, que se mantenga el régimen de gasóleo profesional y que se amplíe a vehículos de menos de 3,5 toneladas, así como que sigan teniendo presupuesto las ayudas al abandono de actividad y a la formación, además de otras medidas para conseguir la viabilidad del sector, incorporando a nuestro ordenamiento normas ya existentes en derecho comparado.