El Consejo de Ministros de esta semana ha dado el visto bueno definitivo al Real Decreto Ley que regula los derechos laborales de los repartidores en el ámbito de plataformas digitales.

El Gobierno estima que con esta norma da protección a los trabajadores que prestan este tipo de servicios y para ello se modifica el Estatuto de los Trabajadores, con el fin de determinar la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía a través de la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital.

El texto incorpora, de esta manera, el criterio establecido por el Tribunal Supremo en una sentencia de finales del pasado mes de septiembre, primera dictada en unificación de doctrina.

El control del algoritmo

En concreto, la norma precisa los derechos de información y consulta de los representantes sindicales de los repartidores en relación con las reglas en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

Como consecuencia, la ‘Ley Rider’ se convierte en la primera legislación que incorpora el acceso a la información de parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos de los sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones laborales, incluida la elaboración de perfiles de las personas trabajadoras. Algo que puede parecer una intromisión en aspectos relacionados con la comercialización del servicio, eje fundamental del posicionamiento de una empresa en el mercado. Algo así como si se exigiera a Google que permitiera el acceso a su algoritmo.

De igual manera, el Ejecutivo también contempla la creación de un comité de expertos para analizar en detalle el uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales en el país.

Según Trabajo, la Inspección de Trabajo ha laboralizado más de 16.000 relaciones laborales en este ámbito, con un impacto económico que ha cifrado en 29 millones de euros.

Las plataformas, al igual que una parte de los repartidores, por su parte, lamentan que no se hayan estimado sus propuestas y han mostrado su preocupación por el impacto que tendrá la laboralización de sus repartidores sobre el futuro en el sector y defienden que la regulación de los algoritmos supone una vulneración del secreto comercial que dañará su competitividad.