El Tribunal Constitucional ha decidido esta semana admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados de los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Vox en el Congreso de los Diputados contra la ‘Ley Rider’.

Así mismo, el Constitucional también ha dado raslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través de la ministra de Justicia, para que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes.

De este modo, el máximo órgano de control constitucional español decidirá en última instancia sobre esta polémica modificación del Estatuto de los Trabajadores para contemplar como obligatoria, salvo en algunos casos, la laboralización de los repartidores que desempeñan su labor en las plataformas digitales de reparto.

Sin embargo, esta postura adoptada en la ‘Ley Rider’ también es conflictiva en la Unión Europea. Recientemente, el Parlamento Europeo se ha opuesto a la clasificación automática como trabajadores por cuenta ajena de todos los empleados de plataformas, lo que permitirá a los que de verdad desarrollan su actividad por cuenta propia, seguir en esa posición.

Esta cuestión es central para la competitividad de estas empresas, hasta el punto de que gran parte de ellas se están replanteando sus operaciones en España desde la entrada en vigor de la norma el pasado mes de agosto.