El Comité de Regulación Ferroviario (CRF) considera “urgente” cumplir la sentencia de 28 de febrero de 2013 del TJUE que condena al Estado Español al considerar que la Ley de Sector Ferroviario (LSF) no cumple las directrices europeasal respecto.
Para el órgano presido por Juan Miguel Sánchez, cumplir con la sentencia permitirá "otorgar independencia al Administrador de Infraestructuras, establecer los incentivos y modificar las reglas específicas de adjudicación de capacidad mediante la elaboración de un calendario realista a presentar a la Comisión Europea”. El Comité advierte además que el retraso en adoptar las medidas señaladas en la sentencia puede llevar a que el Tribunal, a instancias de la Comisión, “imponga el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva contra España”.
Además, el CRF entiende que modificar los artículos afectados por la sentencia europea no exime de abordar los antes posibles una reforme una reforma en profundidad de la LSF para la incorporación de la Directiva 2012/34/UEy recoger los principios esenciales y los que no lo son, entre ellos los recargos, incentivos, compensación de costes medioambientales, descuentos…, con la finalidad de optimizar el uso de la infraestructuras ferroviarias.
En cualquier caso, con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo el CRT considera que se abre una oportunidad para introducir “seguridad jurídica” en el sistema ferroviario español, ya que la adecuación a la normativa comunitaria mediante los cambios normativos que asignen más independencia al administrador y den un papel destacado al organismo regulador reforzará la confianza de todos los actores que “contarán con un marco estable en al que podrán acudir los candidatos a dirimir sus diferencias”.
Además, el regulador también cree que la oportunidad de mejorar el uso adecuado de la infraestructura ferroviaria exige que la reforma legal en profundidad modifique el actual marco normativo de los cánones ferroviarios con el objetivo de reforzar la independencia del administrador de la infraestructura para que tenga amplio margen de actuación para determinar la cuantía final del canon tarifas en razón de las posibilidades que le concede las excepciones a la directiva europea.