El debate sobre el pago por uso de las infraestructuras se ha convertido en todo un clásico de la actualidad española. Lo tiene todo. Posiciones apasionadamente encontradas, una normativa europea que entreabre una puerta y una cada vez más persistente presión en forma de estrechez de las cuentas públicas para mantener una de las mayores redes viarias del Viejo Continente.

Así pues, no es de extrañar que el ministro Ábalos haya tenido que volver sobre este mismo asunto en un evento público en el que ha participado esta misma semana.

Para el responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es necesario un acuerdo en un asunto que, a su juicio, «merece un enfoque riguososo y objetivo».

Ábalos reconoce que existen importantes necesidades de conservación de difícil cobertura con el presupeusto actual y que, además, a medida que caduquen las concesiones el Departamento va a tener más demanda para conservar, con lo que se abre la puerta de par en par para un debate a corto plazo.

Ante esta coyuntura, el ministro afirma que «estamos ante un escenario de asumir desafíos y retos y este tenemos que plantearlo».

Sin embargo, Ábalos va más allá y pretende que todas las Administraciones del Estado tomen posiciones en la medida en que cuentan con infraestructuras dentro de sus respectivos ámbitos competenciales.

Así mismo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana también parece partidario, llegado el caso, de introducir un sistema que diferencie entre usuarios, con el fin de no penalizar a aquellos que más usan la red. Aun así, el transporte pone sus barbas a remojar.