Unos días después de que haya entrado en vigor la Ley Macron, que busca acabar con las prácticas de ‘dumping social’ en Francia, el Parlamento Europeo ha desarrollado un debate sobre la aplicación de este tipo de normativas en el país galo, así como en Alemania.

En el transcurso de la sesión, la europarlamentaria Izaskun Bilbao ha solicitado a la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, que hable con las autoridades francesas para que no se aplique la norma hasta que no se resuelva el procedimiento iniciado para evaluar si se ajusta a la normativa comunitaria.

Bilbao ha insistido en que debe promoverse una regulación sectorial específica para combatir la competencia desleal e incorporarla a la directiva sobre movilidad de los trabajadores en Europa, ya que el problema, que afecta al sector del transporte por carretera en la Unión Europea, «no va a resolverse con medidas estado a estado«.

Considera también que las medidas alemanas y francesas sobre el salario mínimo conducirán a un empeoramiento de la situación, debido a los «costes burocráticos y complicaciones» que suponen.

Debe promoverse una regulación sectorial específica para combatir la competencia desleal e incorporarla a la directiva sobre movilidad de los trabajadores en Europa

Ambos países han elaborado normativas que obligan a los trabajadores del transporte a llevar en el camión documentación en francés y alemán para acreditar que cobran el salario mínimo estipulado en sus respectivas legislaciones laborales. También están obligados a tener un representante legal en ambos países.

Una «pérdida de tiempo»

Además, la eurodiputada apunta que, aunque no hay obstáculos legales, el procedimiento de infracción es «incompatible» con la decisión de controlar el cumplimiento de la norma desde el 1 de julio, sin aplicar sanciones en la primera etapa.

Se trata, dice, de una molestia, además de suponer una «pérdida de tiempo» a los trabajadores y empresas, lo que puede verse incrementado si finalmente hay que anular la norma.

Por este motivo, ha solicitado rapidez en la elaboración de una legislación europea específica sobre la movilidad de los trabajadores de transporte y la suspensión de los controles en Francia hasta que se resuelva la situación.

En este sentido, Bulc ha indicado que en 2017 concluirán las reformas legales para la puesta en marcha de un salario mínimo en toda la Unión Europea y ha recalcado que se ha intentado llegar a un acuerdo amistoso con Francia y Alemania, pero ha fracasado, por lo que el asunto se resolverá en los tribunales europeos.