La crisis económica que sufrió España entre el año 2008 y 2014 supuso la desaparición de casi 30.000 empresas transportistas, momento que fue aprovechado por grandes empresarios de transporte español para deslocalizarse fuera de España y establecer filiales en países del Este de Europa para poder competir en mejores condiciones en España por sus menores costes de explotación.

Ello ha ocasionado un impacto muy negativo para el tejido empresarial de transporte español por la actuación insolidaria y “poco patriótica” que llevan a cabo estos empresarios deslocalizando sus empresas en los países del Este de Europa, trasladando allí sus camiones para su rematriculación, y consecuentemente despidiendo a sus conductores en España y contratado a conductores en dichos países.

Todo con el único fin de aprovecharse de los menores costes fiscales y laborales (hasta ocho veces inferior a los de España), para de este modo poder competir en mejores condiciones en el mercado español de transporte nacional e internacional en el que siguen operando.

Ello trae además como consecuencia un grave perjuicio a las arcas públicas españolas, al no tributar las actividades realizadas con sus camiones en nuestro país por sus empresas deslocalizadas, ni las cotizaciones laborales de sus conductores al estar dados de alta en dichos países pese a trabajar aquí.

En la situación actual de crecimiento anual de la presencia de flotas extranjeras de los países del Este en el transporte español (supone ya casi una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en España), sin que exista control alguno sobre las mismas, se hace necesario promover las modificaciones legislativas necesarias.

En la situación actual de crecimiento anual de la presencia de flotas extranjeras de los países del Este en el transporte español supone ya casi una tercera parte del transporte internacional con origen o destino en España.

El fin ha de ser el control de las empresas deslocalizadas que pretenden operar en España se realice desde el primer día en que acceden a nuestro país, rechazando en consecuencia la posición defendida por algunas organizaciones nacionales que representan a grandes empresas de transporte de establecer a nivel europeo un periodo de días en el que las empresas extranjeras podrían operar en cualquier Estado “fuera de control”, ya que ello supondría perpetuar en el mercado español del transporte por carretera la situación de competencia desleal por el dumping social que ejercen las empresas deslocalizadas.

Así, a diferencia de España, en la mayoría de los países de nuestro entorno (Francia, Italia, Alemania, Austria, Holanda, Bélgica, entre otros.) para combatir dicha situación, transpusieron en su día a su ordenamiento interno la Directiva europea sobre desplazamiento de los trabajadores, exigiendo que los trabajadores procedentes de empresas extranjeras cumplieran con el salario mínimo establecido en el país de acogida.

La empresa está obligada a notificar previamente el desplazamiento al país de acogida, sea cual sea la duración del mismo, tal y como prevé la citada Directiva. Ello ha permitido un mejor control en dichos países de las empresas transportistas deslocalizadas y en consecuencia una disminución de la competencia desleal que sufren sus empresas transportistas nacionales.

Por ello, desde Fenadismer venimos insistiendo en la necesidad de adoptar una regulación similar en nuestro ordenamiento jurídico que nos permita defendernos mejor de la competencia desleal y abusiva que en la actualidad soportamos los transportistas españoles.

Juan José Gil Panizo
Secretario General de Fenadismer
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