De manera paralela a las decisiones del Gobierno en relación con la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus, el estado de alarma tiene también impacto directo sobre las diferentes administraciones públicas.

En este sentido, el Real Decreto que establecía el estado de alarma implica que se han suspendido términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público hasta que se decida lo contrario.

Así pues, las autoridades portuarias del sistema portuario español, en tanto pertenecientes al sector público definido en la Ley  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, han empezado a paralizar expedientes de licitación de diversas inversiones que estaban a punto de comenzar o ya en tramitación.

Por poner algunos casos de esta misma semana, la Autoridad Portuaria de Bilbao ha retrasado hasta el 21 de abril la presentación de ofertas para el proyecto constructivo de la urbanización del espigón central.

De igual manera, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha suspendido el procedimiento de contratación de los trabajos de defensa y rellenos de la explanada en el puerto de Granadilla.

Esta misma situación se produce en relación con la licitación de asistencia técnica para la valoración de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Las Palmas, así como para el estudio de soluciones para la ampliación del muelle de Cruceros de Naos, en Arrecife.

Idéntica paralización se vive en otros expedientes de licitación de los puertos de La Coruña, Cartagena, Tarragona o Sevilla, entre otros.