Haría bien el transporte en asumir cuanto antes, y a la vista de los acontecimientos que paso a paso se van sucediendo, que tarde o temprano tendrá que pagar (más) por el uso de las infraestructuras viarias.

Se dan todos los factores, como en una tormenta perfecta, para que la euroviñeta acabe siendo una realidad en las vías de alta capacidad españolas más pronto que tarde.

En primer lugar, se coloca el hambre crónica de un Estado que para algunos está sobredimensionado y que necesita el dinero que no llega a través de las cotizaciones sociales.

En segundo, se redobla día tras día la presión del lobby de las constructoras, otrora poderoso y al que, como el que tuvo retuvo, aún se espera para consolidar una recuperación económica que no termina de cuajar.

Por último, en tercer lugar, el blanco de este nuevo impuesto es el transporte, un sector tradicionalmente despreciado, al que los políticos consideran domesticado y sometido y al que la sociedad no solo no tiene en consideración, sino al que cree un estorbo.

Así las cosas, el último Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras que se publicó oficialmente en el BOE y que ha entrado en vigor el 10 de noviembre.

Según informa el Gobierno, uno de los principales aspectos de esta norma legal reside en dar carta de naturaleza a los desvíos obligatorios de camiones a las autopistas de peaje por razones de seguridad vial o medioambientales, algo que ya se veía venir, como puntualmete ha venido informando al respecto Cadena de Suministro, desde la llegada a Fomento del actual ministro, José Luis Ábalos.

Lo que ya se veía venir con la llegada a Fomento del ministro Ábalos, los desvíos obligatorios de camiones a las autopistas de peaje “por razones de seguridad vial o medioambientales”  han terminado por tener carta de naturaleza.

Estas medidas se desarrollarán posteriormente, como refiere Fomento, mediante convenios o reales decretos y se acompañarán, destaca el Gobierno, de bonificaciones para los transportistas porque «ya han demostrado su eficacia en los tramos en los que hasta la fecha han sido implantados, reduciendo la siniestralidad en los mismos».

La Administración está convencida de esta medida y está dispuesta a aplicarla en otras carreteras, pese a que los transportistas, como describe CETM, estiman que atenta contra el derecho fundamental de la libre circulación, genera graves y costosos problemas para las empresas de transporte, entre los que se encuentran, un aumento innecesario de los kilómetros recorridos, e importantes pérdidas de tiempo derivadas de las complicaciones que conlleva acceder o abandonar las vías de peaje, así como la imposibilidad de acceder a las áreas de servicio de las carreteras convencionales para repostar, realizar labores de mantenimiento o descansar.

El verdadero punto central de la norma no son los desvíos obligatorios de camiones

Sin embargo, el punto más importante de la nueva norma, y al que se ha prestado una menor atención, tiene que ver con el desarrollo de una nueva cobertura de rango legal para que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) pueda cobrar peajes al asumir, según consta en el propio Real Decreto-Ley, «la explotación de determinadas autopistas de peaje que han revertido o que reviertan al Estado».

«Por ello», prosigue la norma, «para continuar la explotación de determinadas autopistas y permitir, en su caso, la explotación de otras se estima necesario contar con una norma legal que ampare la percepción por SEITTSA de los nuevos peajes».

Con esta medida se imposibilita el acceso a las áreas de servicio de las carreteras convencionales para repostar, realizar labores de mantenimiento o descansar.

Se cierra así el círculo, ya que el Estado no solo podrá cobrar los peajes de las autopistas quebradas, sino que también podrá percibir estas tasas en aquellas autopistas que reviertan a la Administración una vez cumplidos los plazos de concesión, como pasará en pocos días con la A-1 entre Burgos y Armiñón, si así lo estima oportuno.

Esta norma incluso podría dejar en manos de la SEITTSA el diseño de un sistema de pagos común a todas las autopistas que vuelvan a la gestión pública, bien para camiones, bien para todos los vehículos, y abrir el camino, llegado el caso, para nuevos peajes en la red estatal de autovías.

Además, el propio Estado se da vía libre para obligar a los camiones a circular por estas vías. Blanco y en botella. Ahora es el transporte el que tiene que asumir que la euroviñeta llega más pronto que tarde y decidir qué quiere hacer.