El acuerdo del Gobierno con los transportistas, anunciado en la tarde de este jueves, llega en lo más álgido de la ola de calor y supone el refrendo de la política de alcanzar acuerdos por encima de todo, que se ha marcado el Comité Nacional de Transporte, con su presidente Carmelo González al frente.
El compromiso supone atender la petición del Comité de acelerar la aprobación y entrada en vigor de las medidas ante el deterioro de la situación y el alza de los costes. No en vano, el acuerdo alcanzado en marzo comprometía al Ministerio a presentar al Comité antes del 31 de julio de 2022 el citado proyecto de ley, con el que se busca aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Ahora el Gobierno se ha comprometido a aprobar por Real Decreto Ley las medidas acordadas con el sector del transporte de mercancías por carretera para asegurar una rentabilidad mínima del trabajo en el sector y una utilización justa de la subcontratación se aprobarán por decreto ley.
"Coincidimos con el sector en que esta medida no puede esperar, por lo que se tramitará de forma urgente en forma de Real Decreto Ley para su próxima aprobación en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto”, ha explicado Raquel Sánchez en rueda de prensa tras la reunión celebrada con la Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) el miércoles por la tarde, en la que se alcanzaron varios acuerdos.
[sumario]El Proyecto de Ley asegurará que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista, en aquéllos supuestos en los que actualmente se producen los mayores desequilibrios en esta materia.[/sumario]
Medidas estructurales
El Proyecto de Ley recogerá disposiciones para asegurar que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista, en aquéllos supuestos en los que actualmente se producen los mayores desequilibrios en esta materia.
Adicionalmente, se está valorando revisar la regulación de la subcontratación en el sector para evitar una utilización abusiva de la misma y sus efectos perniciosos a lo largo de la cadena de transporte. También se incluirá la obligación de realizar los contratos por escrito.
Ayudas de 450 millones de euros
En paralelo se va a habilitara una nueva convocatoria de ayudas directas para las empresas de transporte, en línea con las recogidas en el RD-Ley 6/2022, de 29 de marzo, mediante la aprobación de un crédito de unos 450 millones de euros para ayudar al sector a paliar los efectos negativos de la crisis energética debido a su alta dependencia del precio del combustible. La primera edición recibió 140.000 solicitudes de ayuda.
Estas subvenciones directas, que por primera vez incluyen a los autobuses urbanos, se darán por número y tipo de vehículo, con el mismo esquema aprobado en la edición anterior:
• Taxis y VTC: 300 euros por vehículo.
• Camiones (mercancías pesados): 1.250 euros por vehículo.
• Furgoneta (mercancías ligero): 500 euros por vehículo.
• Autobús: 950 euros por vehículo.
• Ambulancia: 500 euros por vehículo.
El nuevo paquete de ayudas directas al sector, incluido en el Real Decreto Ley de apoyo al transporte, se suma a las medidas ya aprobadas, como la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasolina, la ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO y la devolución mensual del combustible profesional desde abril, así como la dotación de las ayudas al abandono a la profesión de transportista, cuyo importe total se ha duplicado con respecto a la anterior convocatoria.
