El Consejo de Ministros del pasado viernes 15 de febrero ha aprobado un Real Decreto que modifica el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres que, según el Gobierno, implica «una revisión profunda de la normativa reguladora del transporte terrestre», así como «una apuesta decidida por la simplificación de trámites administrativos, la digitalización del sector y la administración electrónica».

El nuevo ROTT implica la desaparición de la tarjeta de transporte física, que pasará a ser electrónica y visada de oficio por la propia Administración, y el refuerzo del papel del Registro de Empresas y Actividades de Transporte, con objeto de evitar duplicidades de trámites administrativos y reducir la documentación que las empresas de transporte tienen que aportar, así como la implantación de sistemas electrónicos para la obtención de los certificados de competencia profesional.

Según el Ejecutivo, «estas mejoras suponen una evolución en el sector que será clave para reforzar el papel estratégico y fundamental que el transporte de mercancías y viajeros por carretera suponen para el desarrollo económico de nuestro país y la conectividad de los ciudadanos».

Requisitos de acceso al mercado

De igual modo, también se modifica la regulación del Comité Nacional del Transporte por Carretera y se cambia el acceso a la profesión de transportista, en cuplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a retirar el requisito de la flota mínima.

Al tiempo, se refuerzan otros requisitos de acceso al mercado de transporte, «con objeto de garantizar la profesionalidad del sector y que afectan a cuestiones como la honorabilidad, la competencia profesional, la capacidad financiera o el mantenimiento de los requisitos de antigüedad de los vehículos», según el Gobierno.

En relación con este mismo requisito, y ante la petición del Comité Nacional para que no decayera la antigüedad de la flota, «el Gobierno ha accedido finalmente a introducir una leve modificación en dicha regulación» para evitar que «mediante una simple trampa legal entraran de forma desordenada nuevos operadores al sector con un vehículo de más de 10 años de antigüedad», algo que, según estima la asociación empresarial, afectaría gravemente a la futura ordenación del sector.

En este sentido, para este requisito se regula que «la antigüedad media de la flota adscrita a la autorización después de la incorporación del nuevo vehículo o la sustitución de uno de los que se encontraban adscritos, no podrá superar la que dicha flota tenía antes de la nueva adscripción o sustitución«.

De igual modo, el ROTT también revisa el régimen de supervisión del sector, permitiendo un control más efectivo del mismo.

Cerrado el trámite, ahora el Reglamento espera su publicación oficial en el BOE para su entrada en vigor.