El reparto de los fondos europeos de recuperación tras la crisis sanitaria viene acompañado de toda una serie de reformas que están presentando los Estados Miembro de la UE a la Comisión con el fin de justificar que el destino de estas inversiones será productivo y encuentra una corresponsabilidad en cada país, que se compromete a hacer un esfuerzo, o, por ser más concretos, a que sus ciudadanos lo hagan.

En este esquema debe contemplarse el proyecto de peajes que quiere imponer el Gobierno español en las autovías del país a partir de 2024, aunque de momento solo reconozcan que es únicamente «una invitación a que debatamos», Ábalos dixit. Conviene recordar que este mismo gobierno es el que nada más llegar, comenzó a aplicar una política de reversión de las autopistas de peaje, al no prorrogar las concesiones, con la consiguiente asunción de los gastos de mantenimiento, algo que al parecer, ahora es inasumible en el resto de la red de carreteras.

Más allá de la concreción de una iniciativa que, independientemente del Gobierno de turno, ya se veía venir desde hace tiempo, parece que la promesa de nuevos ingresos procedentes de los usuarios de la red viaria española a la Comisión no es solo cosa del Ejecutivo del país.

Al menos Rumanía también ha prometido la introducción de una tasa medioambiental para gravar el transporte pesado de mercancías en sus carreteras, con el fin de justificar que va a destinar una gran parte de los fondos europeos de recuperación a mantenimiento y contrucción de carreteras.

En esto sí que se diferencia la propuesta rumana de la española, ya que esta última, tal y como ha descrito el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, destinará la parte del león de los fondos europeos que se dedicarán a movilidad a impulsar el ferrocarril, dejando de lado el mantenimiento de carreteras.

A buen seguro porque esas inversiones saldrán del propio bolsillo de los usuarios de las vías a través de los futuros peajes.