La futura Ley de Movilidad es una norma que el Ministerio de Transportes concibe como un proyecto integral que va a tocar muchos palos en su afán por dar respuesta a los retos a los que en materia económica, social, medioambiental y de salud pública se enfrentan el transporte y la movilidad hasta 2030.

Además de prestar especial atención a la distribución urbana de mercancías y abrir inquietantes caminos en la financiación de las infraestructuras, también plantea un debate en torno a la fiscalidad de los combustibles.

Así pues, en el texto que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sometido a consulta pública hasta el próximo 30 de octubre se indica textualmente que se pretende «llevar a cabo, en el marco del debate existente en la Unión Europea, la revisión de la fiscalidad aplicada a las fuentes de energía y medios de transporte».

Para ello se seguirán los principios rectores de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, «con el fin de potenciar la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la reducción de emisiones en el transporte».

Este fraseo parece indicar que, como ya ha anunciado en anteriores ocasiones, el Gobierno contempla cada vez más seriamente un incremento de la fiscalidad del combustible diésel, con el fin de igualar sus impuestos a los que paga la gasolina, en línea con las políticas medioambientales de la Unión Europea.

Con ello intentaría evitar primar el uso de estos vehículos y, al mismo tiempo, aumentar unos ingresos que las arcas públicas necesitan perentoriamente en un escenario de crisis económica que sucede a la sanitaria.

En todo caso, habrá que ver cómo afecta este posible cambio impositivo al transporte profesional, en el marco de las actuales negociación con el propio Ministerio y los avances que se han producido en relación con el céntimo sanitario y los que se esperan en relación con la recuperación mensual del gasóleo profesional.