La prohibición a los vehículos diésel nuevos que incorpora el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de la administración balear, pendiente de tramitación parlamentaria, ha provocado un fuerte rechazo en el sector empresarial tanto autonómico como nacional.

Así, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears, CAEB, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Anfac, la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares, Aseda, y la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con Conductor, Baleval, se han unido en contra de la normativa, que «tendrá efectos perjudiciales para el medio ambiente».

Baleares pretende implantar una regulación que según aseguran, es “contraria a la política europea” y provocará el progresivo envejecimiento del parque automovilístico, responsable del 80% de las emisiones contaminantes y del empeoramiento de la calidad del aire.

Además, según alegan estas asociaciones, el proyecto de ley carece de un plan integral de desarrollo para el vehículo eléctrico y no incluye incentivos y beneficios fiscales, por lo que su aplicación supondrá una pérdida de competitividad y un esfuerzo económico para los ciudadanos que no tendrán que asumir los de otras comunidades.

Una prohibición «discriminatoria«

El texto incorpora la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel nuevos, cuando precisamente «salen de fábrica cumpliendo una restrictiva normativa europea e incorporan sistemas que los hacen menos contaminantes incluso que los de gasolina«.

En cambio, sí podrán utilizar las carreteras de Baleares los vehículos de mayor antigüedad sin límite de tiempo ni de emisiones. Según aseguran en Anfac, esta prohibición supone ignorar los avances tecnológicos del diésel y el hecho de que las unidades de más de 15 años emiten hasta un 84% más de NOx y un 90% más de partículas que los nuevos motores.

Desde la Asociación, afirman que la prohibición es «regresiva y discriminatoria” porque elige una tecnología como ganadora, la gasolina frente al diésel, sin tener en cuenta su grado de desarrollo tecnológico.

El proyecto de ley también incluye la obligación de que a partir de 2020 el 2% de la flota de alquiler sea eléctrica para avanzar progresivamente hasta el 100% en el año 2035. Sin embargo, desde Baleval insisten en que no hay suficiente mercado para ello y en que es preciso crear primero la infraestructura de recarga adecuada.