El tráfico en las autopistas de peaje españolas ha registrado una media diaria de 15.864 vehículos en 2013, un volumen que conlleva un descenso acumulado del 33,6% desde los máximos que recogía este indicador en 2006, antes de la crisis económica, y que supone una caída del 4,9% frente a un año antes.
Con estas cifras, el tráfico en las vías de peaje suma ya siete años consecutivos de descensos, una tendencia que comenzó en 2007. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento, hay que remontarse hasta 1996 para observar un tráfico tan bajo en estas carreteras. Esta nueva caída de los tráficos se produce después de que la circulación en estas vías cerrase 2012 con un retroceso del 10,2%.
Desde 1990 se contabiliza la Intensidad Media Diaria de tráfico en las autopistas de peaje, que hasta 1998 rondaba una media de 15.000 vehículos diarios. A partir de ahí, escaló progresivamente hasta superar en el año 2000 por primera vez los 20.000 vehículos al día y, llegó a superar esta cifra en 2006, con 23.909 vehículos diarios, hasta que en 2010 bajó nuevamente de los 20.000 vehículos.
La crisis de las autopistas
Esta situación se debe, entre otras cosas, al sobrecoste de las expropiaciones, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, el incremento de los carburantes y la existencia -en muchas ocasiones- de carreteras gratuitas que cubren el mismo trayecto, ha llevado a varias autopistas de peaje al concurso de acreedores.
Es el caso de las radiales de Madrid M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), Henarsa (Radial 2), Accesos de Madrid (Radiales 3 y 5), Autopista Madrid-Sur (Radial 4), Madrid-Levante (AP-36, Ocaña-La Roda), Aucosta (Cartagena-Vera), AP-41 (Madrid-Toledo), Ciralsa(circunvalación de Alicante) y Ausur (Alicante-Cartagena).
De este modo, en año y medio después de que la autopista de peaje AP-41 que conecta Madrid con Toledo fuese declarada en concurso de acreedores al no poder afrontar sus deudas, la creación de la nueva sociedad pública de autopistas en la que integrar las vías con problemas económicos está cada vez más cerca.
Por ello, Fomento está negociando con constructoras, concesionarias y entidades financieras la creación esta entidad, similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Inicialmente, el valor residual de estas concesiones estaba previsto que representase el 20% del capital de la empresa, que podría estar valorada en más de 600 millones, en tanto que el 80% restante será controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), un reparto que podría no haber gustado a todas las partes.
Nacionalización de las concesionarias
Además, el Ministerio de Hacienda ha expresado sus reticencias sobre este plan de rescate de las autopistas, por lo que podría estar realizando otro proyecto alternativo, que implicaría la liquidación de las concesionarias con el menor coste posible para el Estado.
Para realizar esta operación, el Gobierno debería pagar 4.000 millones de euros en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, el derecho de cobro que tienen los accionistas de las concesionarias en caso de que vayan a liquidación.
Pero el Ejecutivo podría reducir esta cifra hasta los 1.600 millones, tras restar las amortizaciones de los activos, los créditos participativos pagados por Fomento para sufragar los sobrecostes por expropiaciones de suelo y el dinero para paliar la caída de los tráficos. Finalmente, esta reducción sería un grave problema para los accionistas y los bancos acreedores, que no verían cubiertos los créditos aportados para la construcción de las carreteras.
Además, esta nacionalización podría conllevar una serie de riesgos para el Gobierno, ya que podría suponer una ayuda de Estado, prohibida por la Unión Europea. De hecho, en diciembre se celebró una reunión, al que asistieron la ministra Ana Pastor y el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, en donde se solicitó la opinión de la Comisión Europea para evitar cualquier tipo de intervención que pueda contravenir la legislación europea. Además, podría implicar un incumplimiento de los pliegos de los concursos y tendría que realizarse una declaración de urgencia nacional para validar el real decreto de nacionalización.