La Unión Europea considera que los impuestos medioambientales deben convertirse en una fuente de ingresos de primer orden para las mermadas arcas públicas de muchos Estados Miembro.

En este contexto hay que leer la iniciativa del Gobierno español para establecer un sistema de pago por uso en las autovías españolas a partir de 2024, lo que, básicamente, es echarle esta patata ardiente al Ejecutivo que venga después.

Además, parece como si en el seno del Gobierno tampoco se pusieran de acuerdo en el desarrollo de la iniciativa, aunque se le ponen los dientes largos al ver que la inmensa mayoría de los miembros de la UE ya recaudan por este concepto.

Argumentos «torticeros»

Por un lado, para la DGT es un proyecto perentorio, su director general, Pere Navarro, incluso se ha permitido la frivolidad de hacer la absurda comparación de que una pensionista no tiene por qué contribuir a pagar el mantenimiento de una carretera que no utiliza, cuando a lo mejor a esta abuelita del simil tampoco le gusta aportar para el mantenimiento de los vehículos de la propia DGT, que también son públicos, como las carreteras.

En definitiva, los contribuyentes no eligen a qué dedican la mayor parte de los impuestos, porque eso suele corresponder a una decisión política plasmada en los Presupuestos Generales del Estado.

Así mismo, Navarro también ha recurrido a comparar el pago por uso con el abono de un billete de tren sin caer en la cuenta de que el servicio (que es lo que se abona con el billete, y no la vía sobre la que va el tren) está explotado por un operador ferroviario, independientemente de que sea público o privado.

Proyecto «sin definir»

Por otro, el Ministerio de Transportes, adalid a la sazón de liberar los actuales peajes hasta bien recientemente, insiste en que «es un proyecto que aún está sin definir» en un claro ejemplo de coherencia con sus propios planes, y que para ponerlo en marcha buscará el consenso con los usuarios, y muy especialmente con los transportistas.

Sin embargo, el Departamento lleva tiempo maniobrando en las sombras para poner en marcha el pago por uso y, además, lo está haciendo sin contarle toda la verdad a los transportistas.

Tampoco es cierto que sea un proyecto sin definir, toda vez que en las últimas horas ha salido a la luz que el Gobierno baraja no solo poner peajes a las autovías, sino que tiene intención de extenderlo más adelante a otras carreteras. Todo esto llevaría a cualquiera a preguntarse si así se abre la veda para que cada comunidad autónoma también haga lo propio en su territorio, con el consiguiente quilombo en el que son expertas los distintos poderes territoriales de este país.

Nuevos detalles del plan

Es más, parece que el Gobierno sería más favorable a modular el pago en función de los kilómetros que se realicen, en vez de aplicar una tarifa plana.

Así pues, visto lo visto, no es de extrañar que el sector plantee una oposición frontal a un proyecto que se deja en el aire y que se lanza en el momento más inoportuno.

Para ello utiliza razones de peso como las que esgrime Astic y que se resumen en que el pago por uso supone una doble presión fiscal y en que es una ‘tasa tóxica’ para la economía española, con efectos negativos en la competitividad del país.

De igual modo, Astic defiende que este peaje pone el sambenito de contaminante a un sector profesional que representa menos del 6% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea y que le aboca a una mayor siniestralidad.