El transporte, contra las "maniobras de la industria y los cargadores" para imponer las 44 toneladas

CETM insiste en pedir la mediación del Ministerio de Fomento para que la introducción de las 44 toneladas se acompañe de otras medidas que sirvan para que el transporte gane poder de negociación en las relaciones con sus clientes.

20/06/2018 a las 0:51 h

Tras meses de remanso, las relaciones entre los transportistas y sus clientes vuelven a tensarse con motivo, una vez más, del uso de unidades vehiculares de 44 toneladas de MMA, en lo que parece una nueva escaramuza en una guerra de larga duración.

Si esta misma semana, se sabía que la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura sería favorable a la introducción de los vehículos de 44 toneladas, justo después venía la reacción del transporte que, a través de su organización principal, CETM, denuncia "una maniobra más de la industria y los cargadores, quienes pretenden presionar a los poderes públicos para conseguir una ampliación de la capacidad de transporte".

En este sentido, la confederación afirma que, por lo que respecta a esta cuestión de las 44 toneladas, "las negociaciones están prácticamente rotas, por lo que vamos a solicitar la intervención del Ministerio de Fomento en la mesa de negociación con nuestros clientes", algo que ya pidió Ovidio de la Roza en la última asamblea de la organización celebrada la semana pasada en Madrid.

CETM insiste en que el apoyo de los transportistas a la implantación definitiva de las 44 toneladas en España está indisolublemente vinculada, en contrapartida, a un acuerdo que mejore las condiciones de trabajo de los conductores profesionales, así como a que se reduzcan los tiempos de espera en la carga y descarga, se revisen puntualmente los precios del transporte en función del coste del combustible, se reduzcan los plazos de pago y desaparezcan las subastas a la baja o 'tenders' en los servicios de transporte por carretera.

Lo cierto es que las posturas siguen en el mismo punto en que ya se encontraban a finales del año pasado y que ambas partes juegan a convencer a la Administración que, al fin y a la postre, es la que decide.

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