El transporte gallego se moviliza para pedir más zonas de aparcamiento vigiladas

En una reunión con la Xunta, los transportistas manifestaron asimismo su preocupación por el estado de las infraestructuras viarias estatales de acceso a Galicia.

25/04/2023 a las 9:26 h

La Xunta de Galicia y los transportistas de mercancías han acordado colaborar para habilitar zonas de aparcamiento vigiladas para camiones, además de manifestar su preocupación por el estado de las infraestructuras viarias estatales de acceso a la región.

El objetivo es contar con áreas de descanso en la ruta que estén acondicionadas y ofrezcan las condiciones de seguridad adecuadas, por lo que se ha acordado trabajar para acceder a la financiación europea que se reserva para este tipo de actuaciones.

Asimismo se buscará optimizar al máximo los espacios existentes en las gasolineras vinculadas a las rutas más habituales.

En relación a estas rutas, los transportistas se han lamentado por la situación de los accesos a Galicia, tanto desde la Meseta por la A-6 y la A-52, como desde la Mariña lucense por la N-642.

Según denuncian, se trata de carreteras estatales con problemas que dificultan la circulación segura de vehículos desde hace muchos meses, por lo que han pedido agilizar la búsqueda de soluciones.

En este sentido la Xunta les ha informado que, para la A-6, el Ministerio de Transportes "mantiene su negativa a ejecutar en paralelo la reconstrucción de los dos viaductos de Castro", lo que supondría, afirman, aplazar la solución definitiva hasta 2028.

También lamentaron los problemas en la A-52, que complican el acceso a Galicia por Orense; así como las dificultades que presenta el acceso a Galicia por parte de la Armada, debido a los problemas de la carretera N-642.

En la reunión también se abordó la situación de los peajes de la carretera estatal Santiago-Lalín, una de las más caras de España y para la que reclamaron al Ministerio de Transportes la aplicación de bonificaciones.

Por último, la Xunta informó también de la intensificación de las labores de inspección para evitar la competencia y prácticas fraudulentas, como las que realizan las cooperativas ficticias o las empresas con autónomos ficticios.

 

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