El acuerdo parlamentario autonómico que permitirá a Navarra implantar nuevos peajes para camiones, de manera similar a como ya se hace en Guipúzcoa, es una mala noticia para el transporte de la Comunidad Foral.

En este sentido, Anet y Tradisna han pedido al Gobierno foral que «no se ponga en juego la supervivencia de 10.000 familias que viven del transporte« y han defendido que «la reactivación de Navarra no puede ser discriminatoria e insolidaria».

Las principales asociaciones de transportistas de la región se muestran de acuerdo en que «la mejora de las infraestructuras y vías de comunicación de Navarra es de vital importancia para el desarrollo de nuestra sociedad».

Sin embargo, los transportistas se muestran contrarios a que «ocurra en Navarra lo mismo que en País Vasco, esta reactivación no puede sentarse sobre unas bases discriminatorias e injustas«.

Al mismo tiempo señalan las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para indicar que «con estos antecedentes, no nos parece prudente que el Gobierno de Navarra trabaje sobre una base de inseguridad jurídica«.

Por ello, piden «absoluta transparencia en la toma de decisiones», ya que, como explican,«desconocemos los datos reales sobre los que se basa la intención del Gobierno, tanto de volumen de tráfico real, como de previsión de ingresos, el destino final de los mismos, el coste que generará la implementación del sistema de control de peajes, así como los gastos de constitución y funcionamiento de la sociedad pública que se va a crear a tal efecto».

Frente a ello piden «llegar a una solución de consenso en la que todos los ciudadanos navarros no se vean afectados negativamente con este tipo de decisiones».