Más que aspirar por méritos propios al poco edificante título de culebrón del verano, los pleitos judiciales en relación con los desvíos de camiones a la AP-68 llevan camino de convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para los transportistas que transitan habitualmente por esta zona.

La publicación oficial este pasado miércoles de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 4 de julio declaró nulo el Real Decreto de 2017 que aprobó el convenio entre la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y Autopista Vasco-Aragonesa para la aplicación de medidas de bonificación de peajes a determinados vehículos pesados en la autopista AP-68 en el tramo que va de Zambrana a Tudela.

Esta decisión deja sin efecto estos beneficios en el pago de los peajes para camiones que, según las cifras que maneja Fenadismer, afecta a más de 3.500 transportistas.

Por si esto fuera poco, la organización empresarial certifica que el Gobierno de la Rioja, en aplicación de la sentencia, desde este momento deja de hacer su aportación económica establecida en el convenio, que representaba el 60% del total del importe a abonar, en concreto más de 3,6 millones de euros presupuestados para un período de cuatro años y que para este ejercicio asciende a un total de 903.000 euros.

Así las cosas, todo queda pendiente ahora de ver qué hace Fomento, que, según Fenadismer, «continúa estudiando la forma de ejecutar la sentencia del Alto Tribunal para tratar de reducir el fuerte impacto económico que puede ocasionar a los miles de transportistas que diariamente transitan por dicha ruta, teniendo en cuenta que la eliminación de las bonificaciones a los peajes obligatorios sextuplicarían su importe a pagar, pasando de los actuales cinco euros por trayecto a 29 euros».

En este sentido, la asociación estima que «la situación de provisionalidad en que se encuentran tanto el Gobierno central como el riojano dificultan la aprobación de cualquier medida normativa».