La Diputación Foral de Guipúzcoa podría tener que devolver los 4,3 millones de euros que 109 transportistas denunciaron que había ingresado a través de la hacienda foral entre 2008 y 2012 tras pedirles que rehicieran sus declaraciones del IRPF, según informa El Diario Vasco.

El Tribunal Constitucional, como ya hizo el Supremo en 2014, ha declarado inconstitucional y nula la norma foral de 1998 que regulaba entonces el sistema de módulos en el sector del transporte en Guipúzcoa y que también estaba incluido en la normativa renovada de 2006.

Así, señala que el artículo 30.2 de la Norma Foral 10/2006 es contrario al Concierto Económico vasco, puesto que el método utilizado que establece para determinar la base imponible del IRPF es la estimación objetiva, lo cual no se adecúa a Ley General Tributaria (LGT), que señala que con carácter general, se utilice la estimación directa.

De hecho, esta legislación indica que pueden establecerse por ley ciertos supuestos en los que sea de aplicación el método de estimación objetiva, pero en este caso, tendría «carácter voluntario» para los obligados tributarios.

No respeta la Ley General Tributaria

En este sentido, el tribunal indica que la norma foral no respeta la LGT porque «superpone» la estimación objetiva a la directa y en este caso, permitía a Hacienda obligar al contribuyente a tributar por una de las dos modalidades si consideraba que la que él había escogido no se ajustaba a su verdadera situación fiscal.

Cabe destacar que la Diputación dejó sin efecto esta norma en 2014 y eliminó el sistema de módulos, pero no había devuelto la cantidad correspondiente a los transportistas denunciantes. No obstante, tras conocer el auto, han anunciado que de confirmarse la sentencia, procederán a realizar las devoluciones pertinentes.

Por su parte, los transportistas consideran que deberían realizar la devolución «de oficio» ya que los tribunales han dejado claro que lo que se hizo es «radicalmente ilegal» y provocó la quiebra de algunas empresas. Consideran, además, que se podría tomar la vía de la responsabilidad patrimonial para compensarles, tal y como ha ocurrido con la devolución del céntimo sanitario.