El Tribunal General de la UE ha fallado en contra de la Comisión Europea y a favor de los recursos que fueron presentados por España, por Pymar y Lico. De esta forma, se anula la decisión del 2013 de la CE que consideraba ayuda de Estado incompatible con el mercado, al anterior sistema de ‘tax lease’ aplicado en España entre 2007 y 2011. Esta decisión afectó a 273 transacciones por un valor total de 8.727.997.332 euros.

En concreto, el Tribunal determina que el denominado sistema español de arrendamiento fiscal no constituía ayuda de Estado, tal y como defendieron tanto el Gobierno de España, como Pymar desde un primer momento.

Concretamente, el tribunal considera que este sistema no tiene carácter selectivo, ya que todos los contribuyentes en España que desarrollan una actividad económica e invirtien en este tipo de operaciones podían resultar beneficiarios del sistema.

Anulada la orden de devolver las ayudas recibidas

Como consecuencia de esta sentencia, quedará anulada igualmente la orden de recuperación de las supuestas ayudas concedidas a través del referido sistema, proceso que el Ministerio de Hacienda ya había iniciado por petición de los servicios de competencia de la CE. La sentencia condena asimismo en costas a la CE.

La apertura del expediente de investigación se produjo en un duro contexto de crisis económica, bajo el mandato del entonces comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Joaquín Almunia.

Supuso la inmediata paralización de pedidos de nuevas construcciones en España y conllevó un drástico frenazo en la actividad para todo el sector, con unos efectos devastadores para la industria naval.

Cambio por los astilleros holandeses

En cambio, y según Pymar, la competencia de los astilleros privados españoles, fundamentalmente los astilleros holandeses, artífices y firmantes de las denuncias que provocaron el inicio del procedimiento de investigación por parte de la Comisión, vieron incrementarse vertiginosamente su cartera de pedidos, alcanzando un nivel de contratación sin precedentes que en 2013 fue un 80% superior al de 2010.

Este trasvase de pedidos que se produjo desde España a Holanda, se materializó especialmente en la cartera de buques ‘offshore’. Según información publicada por Clarksons, España pasó de contar con 27 unidades en cartera en 2010 a tan solo ocho en 2014, mientras que Holanda disparó su cartera entre esos mismo años, de siete en 2010 a 55 en 2014.

Desde Pymar se asegura que la asociación «estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español en términos de empleo, económicos y reputacionales, que se ocasionaron al sector de los astilleros privados».

A su vez, algunas asociaciones del sector, como Aclunaga o Foro Marítimo Vasco, presentaron hace más de dos años una denuncia contra el sistema de ‘tax lease’ holandés. Sin embargo, la Comisión Europea, a día de hoy, no ha abierto procedimiento.